Ciudad de México. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) quedó en el centro de una nueva disputa con el sector empresarial de Estados Unidos, luego de que el National Foreign Trade Council (NFTC), organismo que representa los intereses de compañías estadounidenses, cuestionara las prácticas de fiscalización aplicadas en México.
Entre las empresas que forman parte del organismo se encuentran gigantes como Amazon, Ford, Visa y ExxonMobil.
De acuerdo con información reportada por Grupo Reforma, el NFTC presentó un escrito ante legisladores estadounidenses en el que expresó preocupación por el impacto que, desde su perspectiva, están teniendo las medidas fiscales mexicanas sobre las empresas multinacionales.
El organismo sostuvo que las acciones del SAT han generado cargas crecientes para compañías estadounidenses que operan en México y cuestionó la manera en que se están llevando a cabo algunas revisiones fiscales.
El planteamiento no es completamente nuevo. En documentos previos, el propio NFTC ya había expresado preocupaciones sobre medidas fiscales y regulatorias mexicanas, entre ellas cuestiones relacionadas con el IVA, auditorías, procedimientos para controvertir créditos fiscales y el acceso de la autoridad a información de plataformas digitales.
Hacienda y el SAT responden
Ante los cuestionamientos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT defendieron las medidas implementadas desde 2025 y aseguraron que el objetivo es modificar la manera en que se realizan las revisiones fiscales.
Las autoridades describieron el proceso como una reingeniería de la fiscalización, con la intención de ofrecer mayor certeza jurídica a los contribuyentes y concentrar los esfuerzos de la autoridad en operaciones consideradas de mayor riesgo.
Uno de los cambios señalados por el SAT consiste en que se realiza una auditoría por contribuyente. Además, durante las revisiones se solicita una muestra de las partidas sujetas a fiscalización, en lugar de requerir la totalidad de la información.
La autoridad también aseguró que durante 2026 no ha iniciado nuevas auditorías contra contribuyentes que ya tienen una revisión en curso, con el argumento de evitar procesos simultáneos sobre una misma empresa.
El SAT sostiene que la fiscalización está siendo dirigida principalmente hacia actividades consideradas de alto riesgo, entre ellas las conocidas coloquialmente como empresas “factureras” o “nomineras”.
La autoridad también afirmó que ha fortalecido la comunicación con contribuyentes, embajadas, cámaras empresariales y asociaciones.
SAT presume reducción en devoluciones fiscales
Otro de los puntos planteados por el gobierno mexicano tiene que ver con las devoluciones de impuestos.
El SAT afirmó que redujo en 25 por ciento el tiempo de resolución de las devoluciones fiscales.
Aunque el plazo establecido en la legislación es de hasta 40 días, la autoridad aseguró que actualmente las devoluciones que resultan procedentes se están realizando en menos de 30 días.
El dato forma parte de la defensa que Hacienda y el SAT hicieron de su estrategia, frente a los señalamientos de organizaciones empresariales estadounidenses.
El gobierno sostiene que la fiscalización puede ser más estricta sin que necesariamente implique mayores cargas para quienes cumplen correctamente con sus obligaciones.
La disputa también alcanza al IVA
Uno de los asuntos que aparece en la discusión es el acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Hacienda y el SAT aseguraron que las revisiones tienen como propósito determinar si los acreditamientos solicitados por los contribuyentes realmente proceden y rechazaron que se estén aplicando interpretaciones retroactivas.
El tema resulta especialmente relevante para las empresas multinacionales, debido al volumen de operaciones que realizan en México y a la complejidad de sus cadenas de suministro.
En documentos previos, el NFTC había expresado preocupación precisamente por la forma en que el SAT ha aplicado criterios relacionados con el IVA y por posibles efectos sobre compañías estadounidenses que operan bajo distintos esquemas comerciales y manufactureros en México.
También están sobre la mesa los precios de transferencia
Otro de los mecanismos mencionados por las autoridades mexicanas son los Acuerdos Anticipados de Precios, conocidos como APAs.
Estos instrumentos permiten establecer con anticipación criterios relacionados con los precios de transferencia de determinadas operaciones entre empresas vinculadas.
Hacienda también destacó los mecanismos de resolución de controversias contemplados en los acuerdos internacionales para evitar la doble tributación.
El SAT sostuvo que respeta los compromisos asumidos por México en los tratados internacionales y que existen mecanismos de conciliación entre autoridades fiscales para atender posibles casos de doble tributación.
El llamado “Kill Switch” también preocupa a empresas de EU
Entre los temas que han generado inquietud entre organizaciones empresariales estadounidenses aparece además el llamado “Kill Switch”, relacionado con las facultades otorgadas a la autoridad sobre determinados proveedores de servicios digitales.
El NFTC había advertido que las disposiciones relacionadas con el acceso en tiempo real a información y sistemas de proveedores digitales podían generar riesgos para compañías estadounidenses, particularmente por cuestiones de datos, propiedad intelectual y cumplimiento de normas de privacidad.
La discusión forma parte de un panorama más amplio de diferencias entre empresas estadounidenses y autoridades mexicanas en materia fiscal, regulatoria y comercial.
¿Qué está en juego?
Más allá de la disputa sobre auditorías y procedimientos fiscales, el desacuerdo ocurre en un momento particularmente sensible para la relación económica entre México y Estados Unidos.
Las empresas estadounidenses buscan certeza sobre las reglas bajo las cuales operan en México, mientras el gobierno mexicano defiende su derecho a fortalecer la recaudación y combatir prácticas que considera irregulares.
El propio NFTC ha planteado ante autoridades estadounidenses diversos cuestionamientos sobre políticas mexicanas que, a su juicio, pueden afectar a empresas de Estados Unidos y el entorno de negocios bajo el T-MEC.
Por ahora, la postura de Hacienda y del SAT es que las nuevas medidas no buscan obstaculizar a las empresas que cumplen con sus obligaciones, sino enfocar las revisiones en operaciones de mayor riesgo y hacer más eficiente el proceso de fiscalización.
La discusión, sin embargo, está lejos de terminar: del lado empresarial persisten dudas sobre la aplicación de las reglas, mientras el gobierno mexicano sostiene que está buscando una fiscalización más focalizada y con mayor certeza para los contribuyentes.
