México enfrenta un margen cada vez más estrecho para corregir sus finanzas públicas, debido al crecimiento del gasto, el aumento del déficit y una estructura presupuestaria en la que una parte importante de los recursos ya tiene un destino comprometido.
La agencia Moody’s Ratings advirtió que las elevadas y rígidas necesidades de gasto están dificultando la consolidación fiscal en distintos países de América Latina y el Caribe, entre ellos México.
El señalamiento ocurre después de que, durante el primer semestre de 2026, el gasto primario del sector público mexicano alcanzara 4.163 billones de pesos, un incremento de 3.3% en términos reales frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El dato que genera mayor presión es el comportamiento del déficit presupuestario.
Entre enero y junio, el déficit alcanzó 577 mil 400 millones de pesos, frente a los 465 mil millones registrados en el mismo periodo de 2025. Esto representa un aumento de alrededor de 24% en términos reales.
Pensiones y deuda absorben una parte importante del presupuesto
De los 4.163 billones de pesos de gasto primario, el Gobierno federal concentró 2.695 billones, equivalente al 64.74% del total, con un crecimiento real anual de 5.6%.
Moody’s llamó la atención sobre la composición del gasto, particularmente porque una parte importante corresponde a obligaciones que resulta complicado reducir rápidamente.
En México, el gasto destinado a protección social, principalmente mediante pensiones no contributivas y programas del Bienestar, representa cerca de una cuarta parte de los recursos presupuestarios.
A esto se suma el costo financiero de la deuda, es decir, los intereses que debe pagar el Gobierno por sus obligaciones financieras, que consume aproximadamente 15 de cada 100 pesos del gasto presupuestario.
En conjunto, estos dos rubros representan alrededor de 40% del gasto, dejando el resto del presupuesto para financiar áreas como infraestructura, salud, educación, seguridad, ciencia, tecnología y desarrollo.
El problema, según la calificadora, es que mientras más recursos están comprometidos en gastos difíciles de modificar, menor es el espacio que queda para realizar ajustes cuando las finanzas públicas enfrentan presión.
Déficit fiscal aumenta y la deuda también
Otro indicador que Moody’s colocó bajo observación es la evolución de la deuda pública.
Al cierre del primer semestre de 2026, la deuda neta pública ampliada de México llegó a 19.048 billones de pesos, lo que representa un incremento real anual de 2.9%.
Para Moody’s, el aumento de las obligaciones financieras después de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 ha reducido la fortaleza fiscal de diversos países de la región.
La calificadora considera que esto hace más urgente que los gobiernos adopten medidas que permitan reducir sus déficits de manera sostenida.
El riesgo, advierte, aparece cuando los ajustes se retrasan o se aplican únicamente de manera temporal, debido a que las necesidades de financiamiento pueden aumentar y terminar complicando todavía más el costo de mantener la deuda.
¿Por qué preocupa la rigidez del gasto?
El planteamiento de Moody’s no se limita a cuánto dinero gasta México, sino a qué tan fácil es modificar ese gasto cuando las cuentas públicas se deterioran.
Una parte importante del presupuesto está destinada a compromisos que no pueden reducirse de manera inmediata.
Pensiones, transferencias, programas sociales y el pago de intereses de la deuda forman parte de los gastos que ejercen presión sobre las finanzas públicas.
Eso significa que, cuando el Gobierno busca disminuir el déficit, tiene menos margen para realizar recortes sin afectar programas, servicios o inversión pública.
Moody’s sostiene que una consolidación fiscal duradera dependerá cada vez más de la composición y flexibilidad del gasto.
La agencia también advierte que reducir inversión pública para cerrar el déficit puede terminar afectando el crecimiento económico.
México también enfrenta el problema de los ingresos
A la presión del gasto se suma otro desafío: la capacidad para aumentar de manera sostenida los ingresos públicos.
Moody’s señaló que los bajos ingresos gubernamentales limitan el margen para realizar ajustes fiscales en buena parte de América Latina y el Caribe.
En el caso mexicano, la alta informalidad laboral y empresarial representa uno de los obstáculos.
La agencia estima que la tasa de empleo informal en México ronda 55%, situación que limita la capacidad de ampliar la base de contribuyentes y obtener mayores ingresos de manera permanente.
A esto se agregan factores como las exenciones fiscales y la evasión.
El problema es que aumentar los ingresos mediante nuevas medidas tampoco garantiza por sí mismo una reducción significativa del déficit si esos recursos terminan acompañados de nuevos compromisos de gasto.
Hacienda busca reducir el déficit, pero las proyecciones generan dudas
La Secretaría de Hacienda contempla cerrar 2026 con un déficit fiscal ampliado equivalente a 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, distintas áreas de análisis económico estiman que el resultado podría acercarse al 5% del PIB al finalizar el año.
La diferencia entre ambas previsiones refleja parte de la incertidumbre que existe sobre la trayectoria de las finanzas públicas mexicanas.
Para Moody’s, el reto consiste en encontrar una ruta de ajuste que permita reducir el déficit sin depender excesivamente de recortes a la inversión productiva.
La calificadora considera que, cuando los ingresos tienen un margen limitado para crecer y el gasto está fuertemente comprometido, las opciones para cerrar las brechas fiscales se reducen.
El reto para México: gastar menos sin frenar la economía
El diagnóstico de Moody’s coloca al Gobierno mexicano ante una disyuntiva complicada.
Por un lado, necesita contener el crecimiento del déficit y mantener bajo control el costo de la deuda.
Por otro, debe evitar que el ajuste recaiga principalmente sobre la inversión pública, ya que un menor gasto en infraestructura y proyectos productivos puede terminar afectando el crecimiento económico.
La calificadora considera que las decisiones de ajuste tendrán cada vez mayor importancia para la percepción sobre la capacidad de México para cumplir con sus obligaciones financieras.
Con el déficit creciendo, la deuda aumentando y una parte considerable del presupuesto comprometida, el margen de maniobra para las finanzas públicas mexicanas se vuelve más reducido.
El segundo semestre del año será determinante para saber si Hacienda logra acercarse a su objetivo de déficit o si, como anticipan algunos análisis, el desequilibrio termina acercándose al 5% del PIB.
