La desaparición de 10 trabajadores mineros en Sinaloa, de la empresa canadiense Vizsla Silver, provenientes del estado de Sonora, encendió las alarmas de una profunda crisis que enfrentan los estados colindantes del noroeste. Cinco de ellos fueron identificados tras ser hallados en fosas clandestinas en El Verde, poblado que se encuentra a 40 kilómetros del lugar de la desaparición.
José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, José Antonio Jiménez y Jesús Antonio de la O son los cinco mineros fallecidos identificados por sus familiares en el Servicio Médico Forense (Semefo), en Mazatlán. La Fiscalía General de la República confirmó el hallazgo de otros cinco cuerpos en las mismas fosas, las familias están a la espera de su reconocimiento.
Esta tragedia ocurre en medio de una terrible situación que acecha a Sinaloa y Sonora en la última década. Los reportes de personas desaparecidas y no localizadas en el país han aumentado un 213 por ciento de 2015 a la fecha, según información de México Evalúa.
Actualmente se reportan 12 mil 872 personas desaparecidas. Los tres estados con las tasas más altas son Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, lo que demuestra la operación de células delictivas en esas zonas con patrones similares. Las desapariciones se dan en contextos de alta violencia criminal, disputas territoriales entre organizaciones criminales y una fuerte presencia de grupos armados.
Sonora registra una tasa de 26.3 desaparecidos por cada 100 mil habitantes, la segunda más alta del país, solo por debajo de Sinaloa, entidad en la que se desató una violencia desenfrenada tras la captura del capo Mayo Zambada. El sur de estos estados comparte condiciones similares: la constante aparición de fosas clandestinas con restos humanos, altas tasas de homicidio y extorsión, y personas reportadas como desaparecidas.
Desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, la situación de las personas desaparecidas se agudizó. Los datos de México Evalúa revelan que en 2017 había 6,912 personas no localizadas, mientras que en 2019 la cifra aumentó a 8,390. Durante la pandemia de Covid-19 se registraron reducciones, hasta que en 2023 —cuando terminaron los confinamientos— el número se disparó a 10,309. En el gobierno de la presidenta Sheinbaum, la tendencia sigue al alza, convirtiéndose en uno de los principales problemas que enfrenta su sexenio.
Los colectivos de madres buscadoras nacieron en Sonora bajo el liderazgo de la activista Cecilia Flores. Estas organizaciones han perfeccionado sus herramientas de búsqueda y se han convertido en las principales localizadoras de fosas clandestinas. Con redes institucionalizadas, han encontrado la forma de rastrear fosas y cadáveres.
La desesperada situación que aqueja a estos estados se visibilizó con las alertas emitidas por la desaparición de los 10 mineros. Las causas no se han revelado, pero la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comenzaron a desplegar un plan de contención para atender tan grave situación.
Estos hechos ocurrieron en un ambiente en el que el actual gobierno federal presume una reducción en la tasa de homicidios dolosos y de la violencia, pero un aumento significativo en las desapariciones, lo que genera dudas sobre si los datos oficiales están siendo manipulados.
Los familiares de los mineros, con el corazón roto, están a la espera de que se confirme el paradero de sus seres queridos. El único pecado de esos hombres fue trabajar.
