El prestigioso periódico inglés The Guardian publicó un reportaje del periodista Óscar López que revela la cruda realidad de las desapariciones en el país. Más de 130 mil personas permanecen desaparecidas y, en los últimos años, la cifra ha aumentado más de 200%. Esta crisis se ha agravado conforme las organizaciones criminales y los cárteles han expandido su control territorial y económico. La mayoría de las personas no localizadas son víctimas del crimen organizado.
El fenómeno ha crecido tanto que impulsó la creación de colectivos de búsqueda integrados por familiares que salen al campo a buscar rastros de sus seres queridos. Lo más doloroso de una desaparición es la incertidumbre permanente: no saber si algún día ese hijo, hermano o padre volverá. Muchos de estos colectivos se han especializado en localizar fosas clandestinas, espacios que operan como verdaderos campos de exterminio donde los criminales intentan borrar cualquier evidencia.
El mayor número de desapariciones se concentra en territorios donde grupos criminales rivales disputan el control.
Para responder a esta crisis, el gobierno mexicano creó en 2018 la Comisión Nacional de Búsqueda, un organismo que hasta ahora ha sido cuestionado por sus resultados. En medio de polémicas políticas y limitaciones presupuestales, algunos especialistas señalan que la estrategia institucional ha sido incompleta y que ha dejado fuera a activistas y expertos que trabajan directamente en la localización de personas.
Según datos de la ONU, más del 96% de los delitos en México permanecen sin resolver. La falta de eficacia y legitimidad institucional dificulta construir un diagnóstico preciso sobre la magnitud real de las desapariciones.
Las heridas de quienes buscan siguen abiertas. El Estado parece rebasado para brindar seguridad y esclarecer los casos, mientras las familias continúan búsquedas incansables con la esperanza de encontrar respuestas, hacer duelo y cerrar una historia que permanece inconclusa.
