Wasapraka: el comunicador legislador

El diputado local Juan Pablo Aremivar, conocido como Wasapraka, propone tipificar el delito de amedrentamiento contra periodistas en Sonora, en un estado considerado entre los más peligrosos para ejercer el periodismo.

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El diputado local de Acción Nacional, Juan Pablo Aremivar, conocido popularmente como Wasapraka, se convirtió en un fenómeno en 2024 cuando ganó el distrito 1 local de San Luis Río Colorado, venciendo a la ola guinda y convirtiéndose en el único diputado del Congreso Estatal de oposición en derrotar a Morena en las urnas ese año.

Su acercamiento a los asuntos políticos y públicos se dio desde una faceta de comunicador. Sus constantes denuncias a actos de corrupción por parte de gobiernos del estado y sus fuertes cuestionamientos a las decisiones gubernamentales le ayudaron a posicionarse entre los habitantes de su comunidad. En San Luis Río Colorado se dio a conocer por su activismo social, que después se transformaría en político.

En 2024 aceptó la postulación como candidato por parte de la alianza integrada por los partidos PAN-PRI-PRD, con la cual logró el único triunfo de representación uninominal de esta coalición, convirtiéndose en el diputado más joven de la sexagésima cuarta legislatura.

Su actividad legislativa lo ha validado como una de las voces críticas frente al ejercicio de sus compañeros legisladores. En entrevista exclusiva con Sonora Hoy reveló que el Congreso se ha convertido en “un servicio administrativo del Poder Legislativo”. Crítico con el ejercicio parlamentario, adelantó que trabaja en un proyecto para mostrar cómo la productividad del Congreso se ha limitado a atender propuestas federales y las provenientes del gobernador del estado.

Pero quizá su proyecto más relevante desde que tomó protesta se encuentra en la iniciativa de decreto que presentó para modificar el Código Penal del estado de Sonora y tipificar el delito de amedrentamiento contra la libertad de expresión y otras conductas contra el ejercicio periodístico.

De comunicador a legislador, Wasapraka reveló: “presenté esta iniciativa para hacer algo por el gremio (…) es fruto de muchas conversaciones con colegas del estado”.

Sonora se encuentra entre los 10 estados más peligrosos del país para ejercer la labor periodística. Actualmente, 25 periodistas del estado cuentan con algún apoyo de protección por su labor.

Creyente de que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares fundamentales de cualquier democracia sana, el joven legislador defiende su visión. Sabe, por su experiencia y lo que le han compartido comunicadores, que el gremio se encuentra en una posición vulnerable.

El Código Penal actual sólo contempla el delito de amenaza, lo que da ventaja a los amedrentadores, ya que para presentar pruebas en su contra se debe acreditar un daño directo y específico, cuando la mayoría de las veces quienes persiguen a los informadores utilizan mecanismos de presión psicológica, hostigamiento y vigilancia, entre otros, para lograr callarlos.

Por ello, Aremivar sostiene que se debe reformar la ley mediante la creación de un nuevo delito amplio que considere todas las prácticas utilizadas en contra de los periodistas. Ese delito lo denomina amedrentamiento, un concepto que penaliza a cualquiera que utilice prácticas contra comunicadores, contemplando incluso la figura de interpósita persona, es decir, terceros que ejecutan las acciones por órdenes de alguien más.

“Se deben castigar ese tipo de agresiones y, si es necesario, con la cárcel”, afirmó Juan Pablo.

La iniciativa contempla llenar un vacío legal del cual se aprovechan figuras poderosas o funcionarios públicos y plantea penas de prisión que van de seis meses hasta cuatro años, dependiendo de las agravantes y los casos. Si el agresor es un servidor público, su responsabilidad sería mayor.

Consciente de la composición del Congreso, se le cuestionó sobre la posibilidad de éxito de su iniciativa, a lo que respondió: “no quiero politizarla (…) realizaré hasta cinco foros de parlamento abierto por el estado para dialogar con medios”.

Autodefinido como panista no militante, confía en que legisladores de otros partidos respaldarán su propuesta. Dice que varios se han acercado para comentarle que la ley actual es ineficiente. Esta iniciativa podría convertirse en un parteaguas para debatir los retos que enfrentan los sistemas de información abiertos, la libertad de expresión y el derecho a la información.

Sin mostrarse ambicioso, también comentó sobre su futuro político. Consciente de que es fruto de una alianza, las defiende, pero entiende que no es una decisión que dependa de él:

“las alianzas son buenas, pero también es bueno ir solo”, declara. Por el momento no presenta aspiraciones claras y quiere seguir en su trabajo de “adecuar la ley a los tiempos modernos”.

Por eso adelanta que su siguiente iniciativa intentará empoderar a los ciudadanos jóvenes.

Juan Pablo desconfía de que lo que viene en la agenda del Congreso será positivo porque “si los mismos que destruyeron el Poder Judicial quieren hacer la Reforma Electoral, las intenciones no serán buenas”.

Por lo pronto seguirá trabajando por proteger a los comunicadores de los abusos de poder a los que están expuestos constantemente, entendiendo con claridad que el principal problema de cualquier delito, más que la redacción de la ley, es la impunidad.

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