A un mes de haber clausurado el Congreso del Estado como medida de protesta, propietarias de estancias infantiles recibieron una nueva resolución judicial que vuelve a poner presión sobre el Poder Legislativo de Sonora por el incumplimiento en el pago de recursos pendientes correspondientes a 2023.
De acuerdo con la líder del movimiento, Lizeth Villalobos, el documento fue emitido el pasado 19 de mayo por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito y recibido oficialmente un día después.
La resolución federal reitera la obligación del Congreso del Estado de cumplir con el pago de aproximadamente dos millones de pesos adeudados a las estancias infantiles, recursos que aseguran siguen pendientes desde el año pasado.
“El Tribunal Federal, a través del Juzgado Décimo Segundo de Distrito, estará ordenando el cumplimiento irrestricto y, en caso contrario, estaría turnando el caso al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia”, declaró Villalobos.
La representante de las estancias infantiles advirtió que, si el Congreso incumple nuevamente con la resolución judicial, el caso podría avanzar hacia un procedimiento de inejecución, lo que abriría la posibilidad de sanciones legales y administrativas contra funcionarios involucrados.
Según explicó, estas medidas podrían alcanzar a diputados integrantes de las comisiones de Educación, Hacienda y Niñez, así como a la presidencia de la Mesa Directiva y personal del área jurídica del Poder Legislativo.
El juzgado otorgó un plazo de 30 días para que el Congreso de Sonora dé cumplimiento al resolutivo y garantice la entrega de los recursos pendientes.
El conflicto entre las propietarias de estancias infantiles y el Poder Legislativo se ha mantenido durante meses, mientras las afectadas aseguran que el retraso en los pagos ha impactado directamente la operación de los espacios de atención infantil y la continuidad de servicios para decenas de familias sonorenses.
