La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó, a través de su Comité contra la Desaparición Forzada (CED), un informe que integra información sobre la crisis de este fenómeno en el país. Los hallazgos admiten que el problema se intensificó en 2006, pero se ha agudizado con los años. El informe busca explicar, mediante análisis, la evolución de estos crímenes considerados de lesa humanidad.
El documento califica como una crisis urgente la situación en México y señala la falta de instituciones y mecanismos por parte del Estado mexicano para enfrentar el problema. Además, advierte sobre la privación sistemática de la libertad de ciudadanos por parte de organizaciones criminales y condena la existencia de fosas clandestinas.
El documento afirma que existe participación o aquiescencia de algunos servidores públicos que permiten la persistencia de las desapariciones y señala que el acumulado nacional sigue en aumento, alcanzando ya las 132,400 personas desaparecidas y no localizadas, sin que se vislumbre una tendencia a la reducción, lo que refleja una estrategia fallida por parte de las autoridades del Estado mexicano para combatir esta crisis.
La presidenta Claudia Sheinbaum y miembros del partido Morena rechazaron tajantemente las conclusiones del informe, pues niegan que exista en el país una práctica de desaparición forzada y aseguraron que el Comité omitió los esfuerzos institucionales que ha presentado su gobierno. Sheinbaum sostuvo que el informe no es exacto, ya que extrapola datos de cuatro estados entre 2009 y 2017 y los generaliza.
El Comité, en su informe, sí expone la evolución de las medidas adoptadas por la presidenta Sheinbaum desde su llegada al poder, así como sus intenciones de reducir este fenómeno mediante la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; sin embargo, sostiene que hasta el momento no han dado resultados eficaces e insta al gobierno a mejorar su estrategia e intensificar los esfuerzos.
El presidente del Comité, Juan Pablo Albán, respondió a la postura del gobierno mexicano señalando que es natural que existan diferencias, pero pidió evitar descalificaciones, luego de que el informe fuera calificado como tendencioso por las autoridades.
Mientras tanto, distintos líderes de los colectivos de personas buscadoras han respaldado el documento de la ONU, recriminando la falta de apoyo por parte del gobierno federal en su incansable labor de encontrar los restos de sus familiares.
Algunos activistas desataron fuertes críticas contra la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, por sus omisiones ante los reclamos ciudadanos. Algunos legisladores han retomado estas críticas y proponen solicitar su renuncia en el Congreso de la Unión. La polémica se intensifica en torno a la figura de Piedra Ibarra, quien ha ejercido su cargo de ombudsman defendiendo las posturas del poder y no las de los ciudadanos.
A pesar de las críticas del gobierno mexicano, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU invocó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo que le permitiría elevar el tema a la Asamblea General de la ONU, con la posibilidad de que el organismo instale una comisión de investigación en el país.
Si el tema escala a la Asamblea General, representantes del Estado mexicano tendrán que comparecer para explicar la situación.
