Un reportaje publicado por The New York Times sostiene que el gobierno del presidente Donald Trump intensificó las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción política y posibles vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones del crimen organizado.
De acuerdo con el diario estadounidense, algunos funcionarios electos de Morena habrían sostenido acercamientos discretos con autoridades de Estados Unidos para ofrecer información relacionada con otros integrantes del partido. El medio señala que el reportaje se basa en testimonios de más de una decena de personas consultadas bajo condición de anonimato.
La publicación ubica estas acciones en el contexto de las investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses contra diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos, quienes son señalados por presunta colaboración con una organización criminal. Hasta el momento, dichas investigaciones continúan y no existe una resolución judicial definitiva sobre los casos mencionados.
Según el reportaje, al menos una decena de gobernadores, legisladores y otros actores políticos habrían buscado establecer comunicación con funcionarios de Washington. El diario afirma que parte de estos contactos habría sido promovida por la Administración para el Control de Drogas (DEA).
El caso que ocupa un lugar central en la investigación, según el periódico, es el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El reportaje recuerda que la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado que Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes para proceder en su contra y ha rechazado actuar únicamente con base en señalamientos.
Asimismo, The New York Times asegura que dos de los diez funcionarios investigados ya se encuentran bajo custodia de autoridades estadounidenses. También señala que algunos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y varios integrantes de grupos criminales enviados por México a Estados Unidos estarían colaborando con las investigaciones.
El diario sostiene que la principal línea de investigación busca determinar la existencia de redes de corrupción mediante las cuales organizaciones criminales habrían sobornado a funcionarios públicos para obtener protección o información privilegiada.
El reportaje también menciona investigaciones relacionadas con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quienes previamente han rechazado cualquier vínculo con organizaciones criminales.
Finalmente, la publicación hace referencia a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Según el diario, la mandataria confirmó la autenticidad de un audio relacionado con una reunión con autoridades estadounidenses tras la cancelación de su visa, aunque negó haber alcanzado acuerdos fuera de los canales institucionales.
Hasta ahora, las personas mencionadas han negado los señalamientos o han sostenido que no existen pruebas concluyentes en su contra. Las investigaciones continúan tanto en México como en Estados Unidos y no se ha emitido una resolución judicial definitiva.
