HERMOSILLO.- En los últimos años, el estado de Sonora ha registrado una serie de hechos de violencia que han impactado a autoridades municipales, funcionarios públicos y políticos vinculados al ámbito local. Estos hechos, ocurridos entre 2012 y 2026, incluyen ataques con armas de fuego, asesinatos y agresiones que han motivado investigaciones por parte de autoridades judiciales del estado.
Uno de los primeros episodios significativos ocurrió en 2012, cuando Eduardo Enrique Castro Luque, diputado electo (PRI) por Ciudad Obregón, fue asesinado a tiros frente a su domicilio apenas dos días antes de tomar protesta como legislador, en un hecho asociado a disputas políticas locales.
En octubre de 2019, la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens (Morena), sufrió un ataque armado contra su domicilio, donde un grupo de personas abrió fuego con armas de alto calibre y dejó más de 100 impactos de bala en la fachada y en un vehículo estacionado; no hubo lesionados pero el hecho se investigó por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) como parte de un contexto de violencia en el puerto.
En mayo de 2020, Luis Alfonso Robles Contreras, quien fuera alcalde de Magdalena de Kino en dos periodos (PRI), perdió la vida tras quedar alcanzado por una bala durante un enfrentamiento armado entre grupos criminales en la carretera federal que cruza el municipio. La Fiscalía estatal investigó el hecho dentro del contexto de violencia armada en Sonora, aunque las primeras diligencias indicaron que no se trató de un ataque dirigido específicamente a Robles Contreras, sino de un impacto colateral en un escenario de confrontación.
Asimismo, en mayo de 2021, Abel Murrieta Gutiérrez, exprocurador y candidato a la alcaldía de Cajeme (MC), fue asesinado a balazos en la vía pública mientras realizaba actividades políticas. El crimen fue ampliamente cubierto por medios locales y nacionales, y motivó una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y autoridades federales por su posible vinculación con la inseguridad y la violencia durante el proceso electoral.
En 2022, el cuerpo del exdiputado local (PT) y funcionario municipal Daniel Palafox Suárez fue encontrado sin vida tras una semana de desaparición.
La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación y señaló que el exlegislador presentaba heridas por proyectil de arma de fuego, en un caso que también fue analizado bajo posibles líneas de indagación relacionadas con crimen organizado.
Un caso más reciente es el del 22 de junio de 2025, cuando Jafeth Holguín Valenzuela, secretario del Ayuntamiento de Yécora (Morena), fue asesinado a balazos al interior de su vivienda, hecho por el cual la FGJE inició una investigación detallada, realizando peritajes y entrevistas para dar con los responsables.
Finalmente, este 24 de febrero de 2026, la alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte (PT), fue agredida con disparos en una carretera del estado, en un incidente que cobró la vida de su hijo; la Fiscalía estatal declaró que el ataque se originó por un altercado vial y no se encontraron indicios de que estuviera vinculado con su función como autoridad municipal.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha asumido las investigaciones en varios de estos casos, activando carpetas de investigación, servicios periciales y necropsias de ley para esclarecer tanto los hechos como los posibles móviles y responsables. En el caso del secretario de Yécora, por ejemplo, la FGJE afirmó que se llevaron a cabo entrevistas y pruebas periciales para establecer quién pudo haber tenido oportunidad y motivo para cometer el homicidio.
En el ataque a la alcaldesa de Bacanora, las autoridades estatales señalaron que las primeras investigaciones descartaron un vínculo con violencia política o criminalidad organizada, y que el incidente derivó de un conflicto de tránsito en carretera, aunque mantienen la búsqueda de los agresores.
Fuente Jesus Alberto Ibarra
