Todo parece indicar que el siguiente afectado por el escándalo del INE será Nery Ruiz Arvizu, todavía presidente del Instituto Estatal Electoral de Sonora. Y difícilmente habrá quien lo defienda. Guadalupe Taddei, a quien se atribuía su principal respaldo político, ya está fuera del INE, mientras que el gobernador Alfonso Durazo probablemente estará más ocupado buscando cómo blindarse políticamente él mismo que en salir al rescate de Nery.
El escándalo de las contrataciones millonarias con empresas proveedoras de materiales electorales podría ser apenas el pretexto para una disputa de mayor alcance: la intención de determinados sectores del gobierno federal de reducir la influencia política de Alfonso Durazo en los organismos electorales.
Porque una cosa es la relación institucional que mantiene el gobernador con la presidenta Claudia Sheinbaum y otra muy distinta la confianza que pudiera existir entre Durazo y algunos integrantes del círculo cercano de la mandataria.
Ha trascendido que funcionarios cercanos a la presidenta no ven con buenos ojos la influencia política que Durazo ha construido en distintas instituciones y estarían aprovechando la crisis del INE para modificar esos equilibrios de poder.
En ese escenario aparece Nery Ruiz, cuyo desempeño al frente del IEE Sonora ha generado cuestionamientos sobre la independencia del organismo respecto del gobierno estatal. A ello se suman las contrataciones con empresas relacionadas con los proveedores involucrados en el escándalo del INE.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas habrían obtenido contratos del organismo electoral sonorense por más de 156 millones de pesos, de los cuales alrededor de 89 millones corresponderían a la administración de Nery Ruiz. Las cifras deberán aclararse y cualquier irregularidad tendrá que acreditarse.
Los diputados priistas Emeterio Ochoa e Iris Sánchez Chiu ya solicitaron su comparecencia ante el Congreso del Estado para explicar estas contrataciones.
Pero el verdadero problema para Nery Ruiz y el propio Alfonso Durazo podría ser político. El nombramiento de un eventual sustituto correspondería al Consejo General del INE, un organismo sobre el que, tras la salida de Guadalupe Taddei, Durazo ya no tendría control político. De concretarse el relevo, el gobernador no tendría garantizada la posibilidad de colocar a alguien de su confianza al frente del IEE Sonora.
Ahí radicaría la oportunidad de quienes, desde el gobierno federal, estarían buscando reducir su influencia sobre las autoridades electorales rumbo a 2027.
La crisis del INE podría representar mucho más que un cambio de presidencia. También podría significar el debilitamiento de una red de influencia política que durante años se ha atribuido al grupo sonorense.
Y si las versiones sobre una operación para sustituir a Nery Ruiz tienen fundamento, Alfonso Durazo enfrentaría una decisión complicada: invertir su capital político en defenderlo o concentrarse en proteger su propia posición frente a los nuevos equilibrios del poder federal.