Tequila, Jalisco. La investigación penal abierta contra el alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, describe un presunto esquema de extorsión sistemática contra empresas tequileras, gasolineras y comercios del municipio.
Según la causa penal 39/2026 y la orden de aprehensión correspondiente, se habrían exigido pagos mensuales de entre 6 y 7 millones de pesos a empresas de la zona, además de cuotas semanales y mensuales a pequeños negocios.
La información se desprende de declaraciones ministeriales y documentos de investigación citados en el expediente judicial, así como testimonios presentados ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras autoridades.
Es importante señalar al lector que estos señalamientos forman parte de una investigación en curso y corresponden a acusaciones integradas en la causa penal. La responsabilidad legal definitiva deberá determinarla un juez.
¿Cuánto dinero habría cobrado Diego Rivera a empresas y comercios?
De acuerdo con el expediente, el presunto esquema incluía cobros diferenciados según el tipo de negocio:
Empresas tequileras y gasolineras: entre 6 y 7 millones de pesos mensuales.
Comercios del centro: entre 500 y 1,500 pesos semanales por derecho de piso.
Artesanos: pago inicial de 50 mil pesos para evitar clausura y renta mensual de 20 mil.
Vinaterías: hasta 150 mil pesos para no cerrar operaciones.
Las autoridades señalan que estos pagos se habrían exigido mediante amenazas de clausura, multas y presuntos vínculos con grupos delictivos.
¿Cómo operaría el presunto sistema de cobros del ex alcalde de Tequila?
Según la orden de aprehensión, el alcalde habría utilizado a la Policía Municipal y a un grupo de personas externas para presuntamente someter a empresarios y comerciantes.
La investigación señala que:
- Funcionarios municipales habrían coordinado el cobro de cuotas.
- Policías municipales presuntamente participaban en operativos de presión.
- Se mencionan personas extranjeras, entre ellas colombianos, como parte del grupo operativo.
En testimonios incluidos en la carpeta, regidores y funcionarios denunciaron que se aplicaban multas ilegales y cierres de negocios para obligar a pagar.
