El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue detenido en Arizona y trasladado al Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas de alto poder.
De acuerdo con documentos judiciales citados por Reforma, el exfuncionario enfrenta acusaciones por conspiración para la importación de narcóticos, además de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Las investigaciones forman parte del expediente 1:23-cr-00180-KPF radicado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde fiscales estadounidenses mantienen abiertas pesquisas relacionadas con presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Según la información difundida, la detención ocurrió el pasado 11 de mayo de 2026 en Arizona. Un día después compareció ante el magistrado Eric J. Markovich en Tucson, donde aceptó ser trasladado a Nueva York para continuar el proceso judicial.
Durante su gestión como secretario de Seguridad Pública, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, Mérida Sánchez encabezó operativos en medio de una etapa marcada por violencia, desapariciones y disputas internas entre grupos criminales en Sinaloa.
Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sostienen que el exfuncionario habría recibido sobornos a cambio de alertar sobre redadas en laboratorios clandestinos, facilitando el movimiento de drogas y equipo antes de operativos.
Fiscales estadounidenses también aseguran que funcionarios ligados al caso habrían brindado protección institucional a operaciones relacionadas con Cártel de Sinaloa y particularmente con la facción encabezada por Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.
En la acusación también aparecen mencionados el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador Enrique Inzunza Cázarez.
En caso de que las acusaciones sean comprobadas en tribunales estadounidenses, Gerardo Mérida Sánchez podría enfrentar condenas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
La detención vuelve a colocar a Sinaloa en el centro de la atención internacional y aumenta la presión política y judicial sobre exfuncionarios señalados en investigaciones relacionadas con narcotráfico y crimen organizado.
