ARCHIVO CONFIDENCIAL
POR ARMANDO VÁSQUEZ A.
Según indicadores financieros del FMI, OCDE, CIEP, BBVA Research y Banamex, al término del sexenio de Claudia Sheinbaum —en 2030—, la deuda mexicana llegará a los 27 billones de pesos. Durante el sexenio de AMLO pasó de 10.6 billones heredados a casi 17 billones. Según los ejercicios presupuestales, para el 2027 llegaremos a los 22 billones de pesos; es decir, en estos primeros tres años del periodo el endeudamiento aumentará en 5 billones, así que no me vengan con que el ritmo de deuda se ha detenido… y una cifra proyectada similar se sumará hacia el cierre de esta presidencia.
Pero veamos su distribución en base a cien pesos para el año entrante. Por ley, 69 pesos se destinarán a pagos de obligaciones financieras y compromisos ya etiquetados: 20 pesos al pago de intereses y servicio de deuda, 25 a pensiones y jubilaciones, y 24 se distribuirán en las participaciones a Estados y Municipios (Ramos 28/33).
Los 31 pesos restantes se proyectan que se vayan a gastos operativos y de desarrollo. Por mandato constitucional se destinarán 14 pesos a programas sociales y la distribución de dinero en efectivo a los beneficiados y becados ya conocidos; 8 pesos a servicios públicos (salud, educación, seguridad, agua, etcétera); 5 a mantenimiento de infraestructura e inversión física, y 4 pesos a la operación de la burocracia y los diferentes poderes de gobierno.
Si lo vemos así, ahora se entiende por qué Ricardo Monreal afirmó en el Congreso: “No hay dinero para repartir”. El techo de reasignación es mínimo. El legislador nos dice que el presupuesto no da para más. Estamos ante una administración que no administra para lograr un mayor desarrollo del país, sino para pagar la pesada herencia de compromisos financieros que nos está hundiendo.
Si vemos el análisis anterior en pesos netos en lugar de manzanas, es factible comprender por qué los servicios públicos están para el arrastre, al igual que el mantenimiento de toda la infraestructura —que por cierto es el rubro que más rápido desaparece si los ingresos dejan de ser los adecuados—; de allí que en carreteras, edificios y calles con sus baches se note de inmediato su deterioro.
Sobre el pago de la estructura del Estado, los tres poderes de la Unión, los órganos autónomos y su burocracia se destinaron cuatro pesos, es decir, 424 mil millones de pesos (donde 1 peso del ejemplo equivale a 106,000 millones de pesos pues son 10.6 billones divido entre cien). Se menciona que con los ajustes de “austeridad” —reducción de salarios, cierre de plazas, maquinaria obsoleta, falta de papel y un largo etcétera— se ahorrarán 15 mil millones de pesos. Es decir, apenas 14 centavos de la moneda de cien pesos. La verdad, esa cifra no pinta en el contexto global y se utiliza más como faramalla política y propagandística.
¿Y de dónde saldrá este dinero? Lo proyectado es que 60 pesos salgan de los impuestos: 28 del ISR (lo que pagan los trabajadores de su nómina y las empresas de sus utilidades); 19 del IVA que pagamos todos al comprar productos o servicios; 7 pesos del IEPS aplicado a gasolinas (donde el gobierno ajusta los estímulos para garantizar recaudación), refrescos, alcohol y cigarros; y 6 pesos de las importaciones vía aranceles de comercio exterior y contribuciones menores. Un incremento en este rubro les pegaría en su ego político. Pero qué tanto es tantito.
Anote 15 pesos de deuda: no es dinero propio, sino préstamos y bonos contratados en los mercados financieros. Recuerde que se pagan 20 por intereses y pago de servicios, no le alcanzan y se debe acabalar de otras partes con los efectos negativos al estar achicada la cobija.
A su vez entran 8 pesos por cuotas patronales y de trabajadores vía IMSS e ISSSTE, y 6 por parte de los ingresos a través de la CFE por el cobro del servicio eléctrico comercial, industrial y doméstico. Los ingresos petroleros son de alrededor de 7 pesos según su visión —cuando con Calderón y Fox representaban casi 40 pesos de cada cien—, y por último 4 pesos por derechos y aprovechamientos, es decir, trámites, pasaportes, multas y servicios administrativos. Y si se quedan cortos cuando se cierre el año en diciembre, pues de último momento, como siempre ocurre, echarían mano de más deuda o mezcla.
El INFONAVIT no está contemplado porque legalmente sus recursos son patrimonio privado de los derechohabientes, no activos del Estado. Tampoco el flujo de remesas, al ser recursos privados que ayudan mucho en el consumo corriente (donde el Estado cobra sus impuestos en cada compra en la tienda de la esquina), pero que no generan infraestructura pública. Curioso estaría que pretendieran contarlos como propios.
Pero hay un guardadito de 240 mil millones de dólares (poco más de cuatro billones de pesos) que tiene en sus reservas internacionales el Banco de México como única vía de estabilización y que la Constitución, conforme a diferentes artículos, no le permite al Estado echar mano de este recurso, a menos que, en caso dado, se decidan a gastarlo con apoyo del legislativo. ¿Ve la importancia del proceso electoral que se avecina? Y es que la tentación de cambiar las leyes para meter la mano a los guardaditos ajenos deja de ser un tabú y se convierte en la última trinchera del régimen.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…
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