No sabemos si los crímenes están relacionados, pero México tiene razones para sentir indignación y vergüenza. Ante la gravedad de los hechos y la desconfianza en nuestro sistema de justicia, los casos deberían ser revisados por una instancia internacional independiente.
Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años. Llegó desde España para realizar una estancia académica y llevaba menos de un mes en Morelos cuando fue asesinada a puñaladas en Cuautla. Había viajado desde la Universidad de Granada para estudiar en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Claudia es la cuarta estudiante vinculada a la UAEM asesinada en apenas siete meses. Antes murieron Kimberly Joselin Ramos, Karol Toledo y Michelle Fuentes. Si se amplía el periodo a 2025, otros recuentos incorporan también a Aylin Rodríguez, elevando a cinco las estudiantes asesinadas.
Los crímenes ocurrieron en distintos municipios y bajo circunstancias diferentes. No existe evidencia pública para afirmar que fueron cometidos por una misma persona. Pero hay una coincidencia inquietante: Kimberly, Karol y Michelle desaparecieron antes de ser encontradas muertas.
Por el feminicidio de Kimberly existe una persona detenida como presunto responsable. Su presunción de inocencia debe respetarse. Pero cuatro estudiantes asesinadas en tan corto periodo obligan a saber si las autoridades han comparado científicamente los expedientes, lesiones, información genética, comunicaciones y lugares relacionados con los crímenes.
No puede afirmarse que exista un asesino serial alrededor de la UAEM. Pero tampoco puede darse por sentado que sean hechos aislados sin una investigación que lo demuestre.
El asesinato de Claudia internacionalizó la tragedia. España exigió justicia y la Universidad de Granada tomó una decisión devastadora para la imagen de México: canceló próximas estancias de estudiantes que viajarían a Morelos. La institución española ha señalado además que desconocía los asesinatos anteriores.
Una universidad europea deja de enviar estudiantes después de que una de sus alumnas fue asesinada. Esto ya no es solamente un problema de seguridad. Es un problema de confianza internacional en México.
Las cuatro estudiantes son parte de una tragedia mayor. Morelos acumuló 21 feminicidios entre enero y julio de 2026 y registró la segunda tasa de feminicidio más alta del país, mientras las autoridades destacan una disminución de los homicidios dolosos.
A ello se suma otra cifra imposible de ignorar: más de 133 mil personas permanecían oficialmente desaparecidas y no localizadas en México, de acuerdo con el Registro Nacional analizado por Data Cívica en agosto.
No puede afirmarse que hayan sido asesinadas ni que el Gobierno esté registrando deliberadamente homicidios como desapariciones. Pero mientras un desaparecido no sea localizado sin vida tampoco forma parte de la estadística de homicidios. México no puede medir su violencia contando solamente los muertos que ya encontró.
Todo ocurre además en medio de cuestionamientos al sistema mexicano de justicia. Javier Laynez Potisek, ministro en retiro de la Suprema Corte, señaló recientemente que la reforma que México necesitaba debía concentrarse precisamente en policías, ministerios públicos y servicios periciales. A ello se agregan preocupaciones nacionales e internacionales sobre la independencia judicial.
Por eso estos asesinatos deberían trascender la investigación ordinaria de una fiscalía estatal. México debería solicitar la intervención de una instancia internacional independiente y especializada para revisar los expedientes, mediante los mecanismos legales de cooperación correspondientes.
Una revisión internacional permitiría comparar evidencia forense y posibles patrones. Si los crímenes no están relacionados, ayudaría a demostrarlo. Si existe una conexión no detectada, podría identificarla.
La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato y señaló que el Gabinete de Seguridad federal colabora con la Fiscalía de Morelos. Es la respuesta institucional esperada. Pero ante la dimensión del problema, ya no alcanza.
Cuatro estudiantes asesinadas. Tres desaparecidas antes de ser encontradas muertas. 21 feminicidios en Morelos. Más de 133 mil desaparecidos en México. Una extranjera que vino a estudiar y regresará a España dentro de un ataúd. Y una universidad europea que decidió cancelar intercambios.
Esto no es normal. Esto no puede minimizarse. México no debería aceptarlo.
No sabemos si existe un asesino serial. Precisamente por eso se necesita una investigación independiente, científica y con credibilidad internacional.
Claudia era española y su asesinato hizo que el mundo volteara hacia Morelos. Kimberly, Karol y Michelle eran mexicanas y merecían exactamente la misma indignación. México no debería necesitar que asesinen a una extranjera para descubrir la tragedia que ya estaba ocurriendo.
El verdadero escándalo sería que cuatro estudiantes fueran asesinadas en siete meses y que México, por orgullo, negligencia o incapacidad, se negara a pedir ayuda para descubrir quién las está matando.
