El transporte especializado de personal ha crecido considerablemente en Hermosillo durante la última década, principalmente por la necesidad de maquiladoras y grandes empresas de trasladar diariamente a sus trabajadores. Se trata de una modalidad regulada por la legislación estatal y para cuya operación se requieren permisos, concesiones, seguros y otros requisitos.
Sin embargo, entre empresarios del sector ha comenzado a trascender una creciente inconformidad por la asignación de contratos a YUKI, empresa cuyo propietario sería el empresario Omar Cancino, de acuerdo con versiones de prestadores del servicio. Se buscó contactar a Cancino vía telefónica en las oficinas de la empresa para conocer su posición respecto de estos señalamientos, sin que hasta el cierre de esta información se hubiera obtenido respuesta.
El señalamiento más delicado apunta hacia Jesús Gámez, presidente de INDEX Sonora, a quien empresarios del sector identifican como el supuesto beneficiario o controlador de YUKI, pese a que —según estas versiones— no aparecería formalmente como accionista de la compañía. Hasta ahora no se cuenta con documentación que permita acreditar esa supuesta relación.
El concepto resulta particularmente relevante porque la legislación federal en materia de prevención de lavado de dinero contempla la figura del “Beneficiario Controlador”, que permite identificar a la persona física que, aun sin necesariamente figurar formalmente como accionista, obtiene en última instancia el beneficio o ejerce el control efectivo de una empresa. Esto no implica por sí mismo la existencia de alguna conducta ilícita.
La inconformidad entre transportistas se concentra en otro punto: aseguran que Gámez presuntamente aprovecharía su posición y relaciones dentro del sector maquilador para favorecer a YUKI en la obtención de contratos. Según estas versiones, su cercanía con directores y gerentes facilitaría acuerdos que estarían desplazando a otros proveedores, incluso cuando éstos aseguran presentar mejores condiciones económicas o de servicio.
Los señalamientos no acreditan por sí mismos ninguna irregularidad. Las empresas privadas tienen libertad para seleccionar proveedores conforme a sus propios criterios. Sin embargo, entre los transportistas comienza a plantearse un posible conflicto de interés entre una posición de representación empresarial y eventuales intereses particulares.
