EL PERIODISTA ARMANDO Guzmán ha estado durante tres décadas al frente de las coberturas noticiosas más importantes en Washington D. C. Es columnista de diferentes medios nacionales tanto allá como acá y ayer dijo que, conforme a investigaciones periodísticas, tanto el gobernador Alfonso Durazo como Américo Villarreal han estado viajando a Estados Unidos haciendo declaraciones como testigos protegidos.
En el caso de Durazo se mencionan sus reuniones con fiscales gringos pues pesa sobre él una carga acusatoria por narcotráfico y con el tamaulipeco por huachicol. Ambos llevan el caso por separado y de manera paralela y según esto ya cantaron toda la sopa quedando mal parado Andrés Manuel López Obrador, el ex presidente mexicano.
También asegura Armando Guzmán que la lucha antiterrorista por parte del gobierno de EE. UU. ya cambió de foco, pasando de los países de Medio Oriente directamente a México. En nuestro país están principalmente los ojos de las agencias de seguridad estadounidenses teniendo más peso las antiterroristas: https://n9.cl/eglla
Lo que distingue un señalamiento de esta naturaleza del montón de especulaciones, rumores de redes sociales o “guerra sucia” política habitual radica en varios factores clave relacionados con la fuente, la naturaleza jurídica de los datos y el contexto operativo. A diferencia de opinócratas o cuentas anónimas, un periodista como Armando Guzmán con décadas de cobertura ininterrumpida desde Washington D. C. (la Casa Blanca, el Capitolio, el Departamento de Estado y agencias como el Departamento de Justicia o la DEA) suele basar sus reportes en redes de información institucional de primer nivel.
Los corresponsales sénior en EU no manejan chismes de café político, dimes o diretes o informaciones con bases débiles, sino filtraciones directas de operadores legales, comités legislativos o despachos de fiscales federales estadounidenses. Y es que allá, detrás de los periodistas prevalece la Primera Enmienda que protege tanto la libertad de expresión del comunicador como la secrecía de las fuentes informativas; de allí la credibilidad real, pues el escribir simples rumores, sin el sustento debido, puede llevar a demandas millonarias.
Decir que un político está siendo investigado es común; asegurar que ha viajado a declarar como testigo protegido o bajo figuras de colaboración específica (parole de beneficio público) apunta a un procedimiento procesal avanzado. En el sistema judicial estadounidense, cuando un alto funcionario extranjero accede a “cantar la sopa” o cooperar con la fiscalía, responde a una estrategia de negociación judicial para reducir futuros cargos o proteger bienes, lo que le otorga al dato un cariz de diligencia formal y no de simple rumor político.
Información de esta índole suele coincidir o complementar reportes previos de medios de circulación internacional e investigación transfronteriza (como Los Angeles Times o agencias especializadas), los cuales documentan que los gobernadores de estados fronterizos clave (como Sonora y Tamaulipas) están bajo la lupa de las agencias de seguridad estadounidenses por diferentes tipos de delitos graves.
Mientras que la especulación nacional suele centrarse en descalificaciones electorales cotidianas (“grilla”), este tipo de información traslada el problema a una dimensión de procuración de justicia extraterritorial. Cuando el aparato de seguridad nacional de EU (con agencias antiterroristas e inteligencia financiera) abre carpetas que involucran a la cúpula política de un país vecino como es el caso de México, la información que manejan tales autoridades gringas deja de ser mera especulación para convertirse y ser tratada como un riesgo de Estado.
Ahora bien, el hecho de que los medios de Washington traigan y mantengan vivo el tema de los dos gobernadores va más allá de la situación coyuntural del tres de noviembre cuando se realicen las elecciones intermedias y de quienes resulten ganadores, sean legisladores demócratas o republicanos, pues las carpetas de investigación han sido impulsadas por ambos tipos de políticos.
Tarde o temprano la justicia estadounidense actuará e incluso no nada más contra los gobernadores, sino que en el paquete completo incluyen a familiares cercanos como hijos y por ello se supone que en el estatus de protección se le puede conceder siempre y cuando eche de cabeza a alguien superior a ellos que en este caso el único arriba es el ex presidente AMLO.
Y es que, en el tablero de la geopolítica contemporánea, la paciencia de las agencias de inteligencia norteamericanas suele ser tan calculada como implacable. Mientras en México se apela al discurso de la soberanía para desestimar los señalamientos, en los escritorios del Departamento de Justicia los folios siguen acumulando pruebas, trazabilidades financieras y testimonios cruzados.
El verdadero peligro para la cúpula del oficialismo no radica únicamente en el desgaste mediático inmediato o en la coyuntura de las urnas, sino en la inercia irreversible de un sistema judicial que no responde a los tiempos de la política mexicana. Cuando un gobierno extranjero reclasifica su estrategia hacia la delincuencia organizada bajo la óptica del antiterrorismo, las reglas de convivencia diplomática se fracturan silenciosamente.
México se encamina así hacia un punto de inflexión donde la impunidad local chocará de frente con la procuración de justicia extraterritorial. Gobernadores y altos mandos que hoy se asumen protegidos por el manto del poder central podrían descubrir, demasiado tarde, que sus nombres ya figuran en carpetas de investigación selladas. Al final, el tiempo en Washington corre a distinto ritmo, y cuando el mazo de un juez federal finalmente golpee la mesa, las consecuencias institucionales para nuestro país serán profundas e ineludibles. El caso Rocha quedará chico.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…
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