Entretelones
Samuel Valenzuela
Nadie podría regatear el reconocimiento a Andrés Manuel López Obrador, de haber encabezado el gobierno más mortal de la historia reciente de México, con una sobremortalidad de más de 800 mil fallecimientos durante la pandemia del COVID 19, más de 300 mil reconocidos oficialmente, y los más de 225 mil homicidios dolosos durante la época de abrazos en lugar de balazos.
Ejemplo mundial la torpeza de la gestión ante la pandemia y la mortal política pública que llevó al empoderamiento de las bandas del crimen organizado, pero hay un subregistro y sin contar de esas muertes silenciosas a causa de la probada incompetencia en materia de salud, con un sector salud ultra centralizado y el desmantelamiento de la estructura de abasto de insumos y medicamentos para entregarla al coyotaje de delincuentes de cuello blanco encabezados por sus hijos.
Luego vino el INSABI, el despojo de la infraestructura de salud de la mayoría de los Estados del país para crear el engendro denominado IMSS-Bienestar, la megafarmaciososota y los palos de ciego para resolver el desabasto de insumos y de medicamentos, así como anuncios a diestra y siniestra de la construcción de nuevos hospitales que han quedado en eso, en solo anuncios, en un contexto que debe ser considerada una nefasta herencia que ahora debe “administrar” la presidente Claudia Sheinbaum.
Y debe aguantar vara, porque no será ella la que reconozca la incompetencia supina del ahora inquilino de La Chingada y mucho menos rectifique sus desbarres, desactive la corrupta dinámica y tráfico de influencias en materia de abasto de insumos para el sector salud; licitaciones amañadas para la construcción de infraestructura y nombramiento de mandos con base a recomendaciones.
Esa catástrofe en proceso la resienten los derechohabientes, con largas listas de espera y filas interminables para poder programar una consulta, pasar meses para alguna cirugía o tratamiento especializado y la necesidad de recurrir a farmacias privadas para surtir las recetas, además de los graves efectos en el sector laboral, médicos, enfermeras y enfermeros, de mantenimiento y demás, quienes bajo su costo deben avituallarse de insumos indispensables para realizar su trabajo, bajo condiciones de incertidumbre.
La muerte de 11 recién nacidos en hospitales del IMSS de Durango y Jalisco solo es reflejo de lo que ocurre en ese organismo, que si bien en el pasado presentaba dificultades, era con mucho más efectivo que ahora, y se reconoce que se ha incrementado el número de derechohabientes, pero también se han incrementado cuotas de trabajadores y patrones.
Es evidente la creciente inconformidad de trabajadores y se manifestó en la pasada movilización nacional para protestar por sus precarias condiciones de trabajo y por la leonina negociación salarial que les concedió solo 2.9 por ciento de incremento directo al salario, derivado de las complicidades entre Rafael Olivos Hernández, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y el titular del IMSS, Zoe Robledo.
La masiva participación obligó a la patronal a reinstalar la mesa de trabajo y a reanudar las negociaciones con una propuesta al parecer inamovible de que el incremento directo al salario sea del 10 por ciento, además de mejorías notables en diversas prestaciones e incluso exigencias para mejorar el abasto de insumos imprescindibles para proteger a derechohabientes y al personal de hospitales.
La anterior definición es apoyada por el resultado de una encuesta entre personal sindicalizado que debieron votar por si se aceptaba el acuerdo del incremento del 2.9 por ciento o no se aceptaba y para que se den una idea, en Sonora, de 13 mil 664 votos totales, 12 mil 204 lo hicieron por el no y ahora se suma a las exigencias la destitución de Olivos Hernández y a su comité ejecutivo.
Eso ocurre en el IMSS y peor están las cosas en el ISSSTE, con el hospital Fernando Ocaranza como mejor ejemplo, con posibles soluciones muy a largo plazo, en tanto que por rumbos del Hospital Ignacio Chávez, del ISSSTESON, reportan infestación de cucarachas en el área de cocina, espacio en donde en cuanto se apaga la luz salen a merodear ratas con tamaño de ardillas.
Esa información la tiene desde hace tiempo sobre su escritorio el director del nosocomio Michael Silva Baltazar y suponemos también debe saberlo el director general Héctor Manuel Esparza Ledezma y a pesar de eso, nada se hace al respecto, tocando al personal tener que lidiar con esa grave situación.
Por otra parte, en un par de días se cumplen 7 años de la torpe y consecuentemente fallida, operación militar para capturar a Ovidio Guzmán López y tuvieron que liberarlo luego de la toma de Culiacán por un verdadero ejército de sicarios quienes a punta de balazos sometieron al Estado Mexicano.
El denominado como “Culiacanazo”, ya es parte de la cultura popular y objeto de admiración por la narcocultura tan popular también en estos tiempos, al grado tal que es parte resultante de ese fenómeno de atracción de votos para MORENA en un estado como Sinaloa.
Pues hace casi siete años de ese dramático episodio y como funcionó la estrategia de extorsión, en el Estado de Morelos acaba de pasar algo muy similar, cuando luego de la detención de un líder del narco, su tropa ejecutó un plan similar, con bloqueos de calles y avenidas, quema de vehículos, así como el secuestro de tres agentes ministeriales, quienes fueron canjeados por José David “El Güero Gym” Vergara, líder del cartel Pueblos Unidos, asociado al cartel del Pacífico.
A pesar de haber sido detenido en flagrancia, el gobierno de Morelos determinó negociar para lograr la liberación de los agentes a cambio de “El Güero Gym”, y Fernando Blumenkron Escobar, fiscal de Morelos, aseguró que fue con “estricto apego a derecho” porque no contaban con una orden de aprehensión vigente en su contra.
Aunque las autoridades nieguen que exista algún mandato judicial contra José David ‘N’, el historial de hechos delictivos en los que estaría involucrado es amplio, además de las versiones judiciales que sugieren nexos de Pueblos Unidos, en particular en la región de los Altos de Morelos, extendido a los gobiernos municipales en donde el grupo criminal habría financiado campañas y pactado acuerdos de protección para operar con impunidad.