La revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán y de otros políticos mexicanos obliga a separar tres planos que el debate partidista mezcla: la migración, la justicia penal y la política exterior. Lo he sostenido en distintos espacios de comunicación para Estados Unidos, una visa es un privilegio que concede, no un derecho adquirido. El Departamento de Estado lo resume así: “A U.S. visa is a privilege, not a right”.
La ley estadounidense otorga una facultad amplia. La sección 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, permite al funcionario consular o al secretario de Estado revocar una visa en cualquier momento y discrecionalmente. Tambien diversa normativa americana autoriza incluso una revocación provisional mientras se revisa nueva información. En términos prácticos, puede suceder porque la persona dejó de cumplir requisitos, utilizó indebidamente su categoría migratoria, proporcionó información falsa o surgieron datos adversos sobre seguridad o bajo una investigación penal o criminal como dicen en USA. En supuestos graves aparecen narcotráfico, lavado de dinero, corrupción significativa (que puede ser el Huachicol fiscal) o amenazas a la seguridad Nacional. Para ciertas causales, como tráfico de drogas, basta un estándar de “razones para creer”, inferior al necesario para una condena, ojo con eso, no grandes estándares ni pruebas bastas.
La visa debe entenderse posiblemente como herramienta de poder administrativo, pero no de justicia penal. La revocación es una decisión soberana de Estados Unidos, no una sentencia, no acredita por sí misma que Andy López Beltrán, un gobernador o cualquier otro político haya cometido un delito. Tampoco equivale a un indictment. Pero si puede existir como antecedente una investigación criminal y una petición para dicha restricción por una agencia, pero recordemos, si existiera una investigación criminal, el Departamento de Justicia tendría que construir un expediente y presentar evidencia ante un gran jurado. Sólo entonces podría surgir una acusación formal, quizá sellada, y después una orden de arresto o solicitud de extradición. Aun así, el indictment sería acusación, no culpabilidad, como en el caso de Rocha Moya.
Esta diferencia jurídica es importante y se vuelve más preocupante con la respuesta del oficialismo en México. Convertir la medida en una “embestida a la soberanía” puede movilizar bases, oscurece la pregunta central: ¿existen o no hallazgos de inteligencia compartibles por canales legales? Decir que “una visa no define a una persona” es cierto, pero es insuficiente. Tampoco la defensa automática del gobierno acredita inocencia, nada fuera de la realidad. Insisto, la soberanía no debe convertirse en escudo partidista, o protección automática, ni tampoco colocar la presunción de inocencia en pretexto para impedir una revisión institucional, México debe hacerla.
El verdadero riesgo es que este drama o inminente victimización se utilice para justificar menor intercambio de información sensible sobre redes de combustible ilegal, flujos financieros y posibles nexos políticos con el narcotráfico. Estamos viendo que la opacidad de ambos lados debilita la confianza operativa. Estados Unidos protege la confidencialidad consular, México responde con victimización antes que con verificación. El resultado de esto puede dañar la cooperación antinarcóticos y anticorrupción que ambos países necesitan, eso es lo que no se está entiendo, lo peor, es que por un tema meramente personal de un individuo eso es lo lamentable.
Es tiempo, de quelo inmediato no tiene que ser otro indictment extranjero, sino una revisión objetiva y cooperación formal, sin fabricar culpables ni blindar aliados, incluso una investigación exhaustiva en estos temas, pero por parte de nuestro país.
Es previsible que, en estos próximos dos meses, vengan más presiones migratorias, financieras y judiciales a la clase política mexicana todo en el preámbulo de la elección de noviembre de USA. Para ello, México sólo podrá enfrentarlas investigando antes de que Washington sancione, y defendiendo si así lo quiere a dicha clase, pero con pruebas, no con consignas, ni mucho menos victimizando a dichos personajes.
No se vale refugiarse en la victimización: frente a una acusación, quien es un personaje público debe responder con la verdad, con pruebas y ante la ley, porque la soberanía se defiende rindiendo cuentas, no evadiéndolas.
*Mtro. Odracir Ricardo Espinoza Valdez.
Abogado Penalista, Académico, Primer Fiscal Anticorrupción del País y Ex asesor Legal del Departamento de Justicia de EU en México.