El llamado Cártel Taddei está contra las cuerdas. Las renuncias, investigaciones y señalamientos de presunta corrupción comienzan a sacudir una estructura de poder construida durante años en Sonora. Pero que nadie se equivoque: la salida de algunos de sus operadores no significa que esa estructura haya desaparecido. Y la factura política seguirá llegando al gobernador Alfonso Durazo, quien difícilmente puede argumentar que desconocía quiénes eran sus colaboradores más cercanos.
La renuncia de Luis Rogelio Piñeda Taddei como secretario particular del gobernador, tras haber ocupado la Consejería Jurídica del Estado, es apenas una pieza del entramado denunciado. Era uno de los hombres de mayor confianza de Durazo y ha sido señalado como presunto operador de una red de influencia política y electoral.
Pero dentro del gobierno permanece Ramón Acosta, actual consejero jurídico y personaje cercano a Piñeda Taddei. Su posición resulta estratégica y plantea una pregunta inevitable: ¿se está desmantelando realmente la estructura de influencia de los Taddei o simplemente están saliendo sus personajes más visibles mientras otros conservan posiciones clave?
Porque el problema no son solamente los Taddei que se van, sino los operadores que se quedan, aunque no lleven ese apellido.
Ahí está Nery Ruiz Arvizu, presidente del Instituto Estatal Electoral, cuya trayectoria estuvo vinculada a Guadalupe Taddei y cuya independencia ha sido cuestionada. También los consejeros Flor Teresita Barceló, Jaime Olea Miranda y Wilfredo Román Morales Silva, señalados por sus antecedentes profesionales relacionados con ese grupo.
Pero como la humedad el efecto Taddei penetró de manera cínica y otra veces encriptada las esferas más sensibles del Gobierno. Rogelio Piñeda Taddei aprovechó la autoría intelectual del Gobernador Alfonso Durazo para hablar en nombre y representación de su madre Guadaluoe Taddei sino que como apoderado plenipotenciario del Ejecutivo Estatal. Incluso, sse dice que incrustó y operó para tener controlado a alguien que le resultaba incómodo: el presidente del Supremo Tribunal. Por eso, se ha señalado que Darbé López Mendivil era y es la pieza clave para tener amenazados a los jueces y magistrados que no jalaran con el proyecto del Clan Taddei, desde el Tribunal de Disciplina haciendo copla con el ahora cesado por presunta corrupción Adriel Córdova y en el Juzgado de Justicia Administrativa con Renato Girón. Darbé López Mendivil ha sido objeto de señalamientos reiterados de jueces y magistrados pidiendo que también termine cesado por el efecto corruptor del Clan Taddei.
La influencia denunciada alcanza también al Tribunal Estatal Electoral, donde han sido cuestionados los antecedentes de su presidenta, Alejandra Velarde Félix, y de Aurora Guadalupe Gutiérrez Ramírez, quien llegó a ejercer funciones de magistrada después de trabajar en la Consejería Jurídica estatal bajo Piñeda Taddei.
Y está la vertiente de los negocios. Los señalamientos sobre contratos públicos y empresas presuntamente vinculadas con esta red obligan a investigar si la influencia política también produjo beneficios económicos. Son acusaciones que requieren pruebas, no simples renuncias.
El riesgo es que cambien los nombres, pero permanezca intacta la estructura. Que quienes abandonan sus cargos sigan ejerciendo influencia mediante funcionarios y colaboradores, y que esa red llegue operando a las elecciones de 2027.
Los vínculos personales o profesionales no prueban por sí mismos actos ilícitos. Pero la magnitud de los cuestionamientos exige investigaciones independientes y explicaciones públicas.
El problema de Durazo ya no es solamente perder a su secretario particular. Es explicar cómo una estructura tan cuestionada pudo mantenerse dentro de su gobierno y de instituciones fundamentales para la democracia sonorense.
Los Taddei podrán abandonar sus oficinas, pero no necesariamente el poder. Y Durazo podrá aceptarles las renuncias, pero no desprenderse de la responsabilidad política de haberlos mantenido cerca.
Al final, ya no es cuántos Taddei van a caer, sino ¿cuántos de sus presuntos operadores seguirán controlando posiciones estratégicas cuando Sonora llegue a las urnas en 2027.



