El Cártel Electoral

En Sonora, Morena parece haber entendido que para ganar una elección no basta con tener candidatos, estructuras territoriales y recursos políticos. También resulta conveniente tener influencia sobre quienes investigan los delitos electorales, resuelven las impugnaciones y organizan las elecciones.

Lo que está tomando forma es una preocupante red de relaciones políticas dentro de las instituciones que deberían garantizar la imparcialidad democrática. Una estructura que, por sus antecedentes y conexiones, bien podría llamarse el cártel electoral.

Y sus piezas comienzan a quedar a la vista rumbo a las elecciones de 2027.

LA FISCALÍA ELECTORAL, BAJO SOSPECHA

La primera pieza está en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de Sonora.

Su titular, María Fernanda Gámez Hernández, fue representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral durante el pasado proceso electoral.

Es decir, quien anteriormente defendía los intereses del partido gobernante ahora tiene la responsabilidad de investigar los delitos electorales, incluyendo aquellos que pudieran cometer sus antiguos compañeros.

El antecedente no demuestra una actuación irregular, pero plantea un cuestionamiento legítimo sobre su independencia. Porque una cosa es cumplir los requisitos legales y otra generar confianza entre quienes eventualmente denunciarán al partido en el poder.

EL TRIBUNAL TAMBIÉN TIENE SU PIEZA

La segunda pieza aparece en el Tribunal Estatal Electoral de Sonora.

Ahí, René Domínguez Acuña, quien anteriormente representó a Morena ante el INE y el IEE, es señalado como uno de los proyectistas de confianza de la magistrada presidenta Alejandra Velarde.

No es un cargo menor. Los proyectistas participan en la elaboración de las resoluciones que posteriormente analizan y votan los magistrados.

Resulta cuestionable que alguien que defendió los intereses electorales de Morena participe ahora en proyectos de sentencia sobre controversias donde ese mismo partido pudiera estar involucrado.

No significa que las resoluciones estén comprometidas, pero sí coloca bajo sospecha la confianza institucional. La justicia electoral no solamente debe ser imparcial. También debe parecerlo.

EL IEE, DONDE TODO QUEDA EN FAMILIA

El cártel electoral también tendría sucursal en el IEE y PC, donde crece la preocupación por posibles conflictos de interés. En el instituto se comenta que el hijo de un consejero electoral está en la nómina y que, además, se pasea en un Mercedes Benz del año. Mientras tanto, su padre presume que lleva muchos años sin cambiar de carro.

El consejero ha insistido en que no es amigo de Guadalupe Taddei, pero en el instituto ya se dice que, amigos o no, se le pegaron las mañas de la expresidenta del INE, quien acaba de dejar el cargo entre señalamientos por sus contratos con proveedores.

Y nadie espera que el órgano interno de control revise la plantilla: su titular es Juan Carlos Jáuregui, exregidor de Morena y señalado como muy cercano a David Figueroa. Ahí también todo queda en familia.

¿QUIÉN VA A VIGILAR LAS ELECCIONES DE 2027?

El problema no es que alguien haya militado en Morena o representado sus intereses. El problema surge cuando esos antecedentes se acumulan en instituciones obligadas a actuar con absoluta independencia.

Una Fiscalía que investiga, un Tribunal que resuelve y un Instituto que organiza las elecciones son tres pilares fundamentales de la democracia. Y cuando los tres enfrentan cuestionamientos por sus conexiones con el partido gobernante, la confianza pública se deteriora.

La oposición debería exigir explicaciones y garantías de imparcialidad. Y las autoridades electorales tendrían que demostrar, con hechos, que sus decisiones no responden a intereses partidistas.

El mayor riesgo para Sonora en 2027 sería que los sonorenses llegaran a las urnas convencidos de que quienes deben garantizar una competencia limpia ya tienen puesta la camiseta de uno de los contendientes.

Y entonces, el llamado cártel electoral habría conseguido algo mucho más grave que una ventaja política: poner bajo sospecha la credibilidad de toda una elección.

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