Escándalo en Rhode Island: Informe revela décadas de abusos a más de 300 menores en la Iglesia

La Fiscalía estatal documentó más de seis décadas de agresiones sexuales contra menores por parte de 75 clérigos y acusa un sistema institucional diseñado para proteger la reputación antes que a las víctimas.

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Un informe publicado por la Fiscalía de Rhode Island reveló que más de 300 niños fueron víctimas de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia católica entre 1950 y 2011, en uno de los casos más graves documentados en ese estado de Estados Unidos.

La investigación identifica a 75 clérigos de la Diócesis de Providence como responsables de estos actos, y concluye que existió un patrón sistemático de ocultamiento durante décadas.

SISTEMA DISEÑADO PARA PROTEGER LA REPUTACIÓN

El fiscal general Peter Neronha calificó la magnitud de los hechos como “abominable”.

Tras revisar más de 250 mil páginas de documentos internos, la Fiscalía determinó que la Diócesis priorizó la imagen institucional sobre la seguridad de los menores.

En lugar de denunciar los casos ante autoridades civiles, la Iglesia implementó traslados de sacerdotes y supuestos “tratamientos” de salud mental.

Este mecanismo permitió que los agresores fueran reincorporados a nuevas parroquias, manteniendo el acceso a otros niños.

Las entrevistas realizadas a casi 150 víctimas —quienes tenían entre 11 y 14 años al momento de los hechos— confirman que el silencio y las promesas de confidencialidad fueron herramientas clave para perpetuar el ciclo durante décadas.

ACCIONES LEGALES Y RECOMENDACIONES

La investigación derivó en acusaciones formales contra los sacerdotes John Petrocelli, James Silva y Kevin Fisette.

El acusado Edward Kelly falleció en 2022 tras ser declarado incompetente para enfrentar juicio por múltiples cargos de agresión.

El informe concluye con recomendaciones contundentes para la Diócesis, que atiende a un estado donde el 39% de la población es católica.

Entre las medidas propuestas se encuentra la creación de un fondo de compensación independiente para las víctimas y el llamado a la Asamblea General para ampliar los plazos de prescripción en demandas civiles, con el objetivo de que la justicia no expire para quienes sufrieron estos agravios.

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