La eventual renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral podría ser apenas el principio de un movimiento de mayores dimensiones. Y Sonora podría convertirse en uno de los escenarios de sus repercusiones políticas e institucionales.
No se trata solamente de quién ocupará la presidencia del INE, sino de las relaciones de poder alrededor de las autoridades electorales rumbo a 2027.
En Sonora, las miradas apuntan hacia Nery Ruiz Arvizu, presidente del Instituto Estatal Electoral, cuya administración enfrenta cuestionamientos por la contratación de proveedores durante los comicios de 2024 y la elección judicial de 2025.
Un informe oficial del INE, fechado en junio de 2024, identifica a Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., y Formas Finas Fernando Fernández, S.A. de C.V., como empresas participantes en la producción de documentación electoral de Sonora. En total, se produjeron 5 millones 98 mil 3 documentos.
El rastro no termina en 2024. El Informe de Seguimiento al Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Extraordinarios de los Poderes Judiciales Locales 2024-2025, elaborado por la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, con corte al 5 de mayo de 2025, registra que el Instituto Estatal Electoral de Sonora definió a Litho Formas como la empresa encargada de imprimir las boletas de la elección de magistraturas, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado.
La relevancia de estos antecedentes es que existen señalamientos e investigaciones financieras reportadas sobre empresas proveedoras del sector electoral. La Auditoría Superior de la Federación ha iniciado revisiones relacionadas con contrataciones electorales, lo que abre interrogantes sobre el alcance que podrían tener en los organismos locales, incluido Sonora.
La coincidencia obliga a revisar las contrataciones realizadas en el estado —tanto las de 2024 como las de la elección judicial de 2025—, los procedimientos de adjudicación, los montos pagados y las responsabilidades administrativas.
En medio de estos cuestionamientos, ha comenzado a circular una versión que, de confirmarse, tendría importantes repercusiones en Sonora: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estaría investigando también a Nery Ruiz Arvizu y las contrataciones del Instituto Estatal Electoral de Sonora, como una posible extensión de las indagatorias relacionadas con proveedores del INE y la gestión de Guadalupe Taddei. Hasta ahora no existe confirmación oficial de esa investigación individual ni se han acreditado responsabilidades, pero el trascendido coloca bajo mayor escrutinio la administración del organismo electoral sonorense.
Pero el asunto trasciende las contrataciones.
La otra dimensión es política y apunta directamente al gobernador Alfonso Durazo.
La relación de Guadalupe Taddei con Durazo en Sonora es conocida. Antes de llegar al INE presidió el organismo electoral estatal y posteriormente fue titular del ISTAI durante el gobierno de Alfonso Durazo. En el Instituto Estatal Electoral de Sonora es conocida la ascendencia e influencia que Taddei en la mayoría de los consejeros, siendo su hijo, Luis Rogelio Pineda Taddei, secretario particular del gobernador, encargado de esa operación.
Estas relaciones explican la relevancia política que tendría su eventual salida del INE. La interrogante es si se trataría de un simple relevo o de una reconfiguración más amplia de los espacios de influencia rumbo a 2027.
En los círculos políticos, una interpretación es que estos movimientos podrían buscar reducir la influencia de Alfonso Durazo en el próximo proceso electoral. Es una hipótesis todavía no acreditada, pero cuyas consecuencias merecen atención.
Sin embargo, hay otros actores cuya actuación debe examinarse: los partidos de oposición y sus representantes ante el Instituto Estatal Electoral.
Luis Donaldo Coronado Rey, del PRI; Francisco Erick Martínez Rodríguez, del PAN; Heriberto Muro Vásquez, de Movimiento Ciudadano; René Noriega Gómez, del PRD Sonora; Marco Aurelio de Jesús Cuevas, del Partido Sonorense; y Jesús Ávila Godoy, de Somos México, deben explicar qué acciones de vigilancia han realizado frente a estas contrataciones.
¿Solicitaron expedientes? ¿Cuestionaron adjudicaciones? ¿Exigieron auditorías? ¿O han preferido guardar silencio ante señalamientos que merecen aclararse?
Las dirigencias estatales tampoco pueden permanecer al margen. Su responsabilidad no termina en negociar candidaturas y alianzas. También deben vigilar a quienes organizan las elecciones y administran recursos públicos.
El silencio no demuestra complicidad, pero una eventual falta de vigilancia tampoco puede justificarse cuando está en juego la confianza en las instituciones electorales.
Lo que sigue en Sonora pondrá bajo escrutinio a Nery Ruiz, las relaciones políticas alrededor de Alfonso Durazo y la actuación de una oposición que también tiene cuentas que rendir.
