El hijo de Guadalupe Taddei es secretario particular del gobernador de Sonora, mientras que el hermano de un concuño de Alfonso Durazo ocupa un cargo estratégico en el INE. Los vínculos familiares y políticos abren interrogantes sobre un posible intercambio de favores.
La relación entre la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, vuelve a generar cuestionamientos por una serie de nombramientos que involucran a sus respectivos entornos familiares.
Luis Rogelio Pineda Taddei, hijo de la presidenta del INE, es secretario particular de Alfonso Durazo desde agosto de 2025, después de haberse incorporado al Gobierno de Sonora en 2023.
En contraparte, José Alberto Pérez de Acha fue designado en enero de 2025 encargado del despacho de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE, una de las áreas estratégicas para la operación tecnológica de los procesos electorales. En abril de 2026 fue nombrado titular de esa unidad.
El vínculo familiar con el gobernador pasa por su hermano, Luis Manuel Pérez de Acha, quien está casado con Gisela Chávez Murillo, hermana de Rocío Chávez Murillo, esposa de Alfonso Durazo.
Es decir, José Alberto Pérez de Acha es hermano de un concuño del gobernador, una relación que adquiere relevancia por su posición dentro del organismo electoral que preside Guadalupe Taddei.
¿Un cuñado por un hijo? Aunque los nombramientos no prueban por sí mismos un intercambio de favores, la coincidencia plantea interrogantes sobre posibles recomendaciones, compromisos políticos y conflictos de interés.
La relación entre Taddei y Durazo tiene antecedentes en Sonora. Antes de llegar a la presidencia del INE, Guadalupe Taddei encabezó el Instituto Estatal Electoral y posteriormente el organismo estatal de transparencia.
El asunto de fondo no es únicamente el parentesco, sino la independencia de las instituciones electorales frente a los intereses políticos y familiares de quienes ejercen el poder.
Guadalupe Taddei y Alfonso Durazo deberían explicar públicamente las circunstancias de estos nombramientos y aclarar si existieron recomendaciones o intervenciones entre ambas partes.
Porque si estos nombramientos fueron producto de recomendaciones, acuerdos o intercambios de favores entre Guadalupe Taddei y Alfonso Durazo, estaríamos ante hechos que podrían constituir tráfico de influencias. No basta con justificar los nombramientos por las capacidades profesionales de los involucrados; corresponde esclarecer si se utilizó el poder público para beneficiar a familiares. La pregunta es si las autoridades competentes investigarán estos vínculos o si quedarán sin explicación.
