La Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a marcar la pauta en el país al invalidar reformas en Nayarit, Durango y Guerrero que no cumplían con la Constitución federal, encendiendo el debate rumbo a la elección judicial de 2027.
El fallo no solo corrige lo aprobado en esos estados, también deja reglas claras que deberán seguirse en todo México para la designación de magistraturas y cargos judiciales.
De acuerdo con la resolución, los congresos locales no pueden apartarse del modelo federal en temas fundamentales como la evaluación de candidatos, la paridad de género y la transparencia.
Nayarit: comité único, fuera
En el caso de Nayarit, la Corte echó abajo el intento de concentrar la evaluación de candidaturas en un solo comité estatal.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz fue directo: cada poder debe tener su propio comité, como lo establece la Constitución.
Además, el estado dejó fuera elementos obligatorios como la insaculación y la paridad de género, lo que también pesó en la decisión.
Durango: sesiones públicas y periodos correctos
Para Durango, la Corte invalidó dos puntos clave:
- La duración de nueve años para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial
- La posibilidad de realizar sesiones privadas de manera general
La resolución deja claro que las decisiones deben tomarse de cara a la ciudadanía, salvo casos excepcionales.
Guerrero: designaciones sin sustento
En Guerrero, el problema fue el mecanismo propuesto para nombrar, por única ocasión en 2027, a titulares del órgano administrativo judicial y del tribunal disciplinario.
La Corte concluyó que ese modelo no se ajusta al esquema federal, por lo que no puede aplicarse.
Lo que cambia rumbo a 2027
El fallo establece criterios obligatorios en todo el país:
- Comités de evaluación independientes por cada poder
- Paridad de género en candidaturas
- Uso de insaculación en los procesos
- Sesiones judiciales abiertas y transparentes
La ponencia estuvo a cargo de la ministra María Estela Ríos González, derivada de acciones promovidas por el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Con esta decisión, la Corte busca evitar interpretaciones a modo en los estados y asegurar que la elección judicial de 2027 se realice bajo un mismo marco legal en todo el país.
