El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que cualquier funcionario o exfuncionario relacionado con actividades delictivas será investigado y detenido sin importar el partido político al que pertenezca.
El funcionario federal afirmó que el gobierno mantiene una política de “cero impunidad”, por lo que las investigaciones no distinguen colores partidistas ni cargos públicos.
“Este es un compromiso con la cero impunidad… serán investigados y detenidos”, declaró.
García Harfuch informó que, en lo que va de la actual administración federal, han sido detenidos 85 servidores públicos, entre ellos siete presidentes municipales que se encontraban en funciones al momento de su captura.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que estas acciones forman parte de operativos coordinados entre instituciones federales para combatir redes delictivas y actos de corrupción vinculados con el crimen organizado.
Además, señaló que el objetivo es que la ciudadanía tenga claridad de que las investigaciones se realizan con base en pruebas y no en intereses políticos.
Durante el informe también se dieron a conocer resultados relacionados con cooperación internacional y combate al tráfico de armas.
García Harfuch detalló que entre 2025 y 2026 se han enviado 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos como parte de acuerdos de colaboración en materia de seguridad.
Asimismo, informó que las autoridades mexicanas han asegurado cerca de 30 mil armas de fuego, de las cuales aproximadamente el 78% proviene de Estados Unidos.
El funcionario agregó que estas acciones han permitido realizar transferencias de personas vinculadas a distintos grupos criminales, sin importar el cártel o facción a la que pertenezcan.
En materia financiera, explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha incorporado a mil 422 personas a la lista de Personas Bloqueadas, además de asegurar más de 4 mil millones de pesos relacionados con operaciones ilícitas.
Según el secretario, estas medidas buscan reducir la capacidad económica de organizaciones criminales y limitar su operación dentro del país.
Las declaraciones de García Harfuch ocurren en medio de un contexto de presión política y exigencias ciudadanas para fortalecer el combate a la corrupción y la infiltración del crimen organizado en distintos niveles de gobierno.
