Baja California se ha convertido en la entidad con el mayor número de políticos vinculados a Morena que han perdido su visa de turista para ingresar a Estados Unidos, de acuerdo con una recopilación publicada por el Semanario ZETA.
La publicación identifica ocho casos registrados entre 2025 y 2026, algunos correspondientes a funcionarios en activo y otros a exservidores públicos.
Entre las personas mencionadas se encuentra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez; la diputada federal Araceli Brown Figueredo; el alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino López; el diputado local José Eduardo Cantón Rocha; el excoordinador de proyectos especiales Carlos Torres Torres; Luis Samuel Guerrero Delgado y la exalcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero Ramírez.
Según la información difundida por ZETA, las revocaciones ocurrieron en distintos momentos entre mayo de 2025 y enero de 2026. En algunos casos, las personas afectadas informaron públicamente sobre la cancelación de su documento migratorio tras intentar ingresar a Estados Unidos o mediante notificaciones oficiales.
El semanario señala, citando fuentes estadounidenses no identificadas, que las revocaciones estarían relacionadas con investigaciones desarrolladas por autoridades de ese país. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no ha informado públicamente las razones específicas de cada revocación, y la cancelación de una visa no constituye por sí misma una determinación de responsabilidad penal.
La publicación también sostiene que Baja California ocupa una posición estratégica por su ubicación fronteriza y que, en los últimos años, diversas investigaciones estadounidenses han puesto atención en actividades relacionadas con delincuencia organizada, tráfico de drogas, lavado de dinero y contrabando de combustibles. No obstante, la información sobre investigaciones individuales permanece bajo reserva de las autoridades estadounidenses.
El tema ha generado debate debido a que varios de los casos corresponden a funcionarios que continúan desempeñando cargos públicos, mientras que otros ya dejaron sus responsabilidades administrativas o de representación popular.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses mantienen la política de no revelar de manera pública las causas específicas por las que una visa es revocada, salvo en casos excepcionales previstos por su legislación migratoria.
