Odracir R Espinoza Valdez
Hay semanas en las que México parece mirarse en tres espejos distintos y, en los tres, aparece la misma imagen: una cultura que tolera la corrupción, una grave ausencia del Estado y una peligrosa facilidad para normalizar lo que debería indignarnos. El fraude y las irregularidades en los exámenes de admisión de la UNAM, el feminicidio de Dafne Zapata en una academia “militarizada” y la nueva discusión sobre los derechos de las audiencias y el posible control de contenidos no son casos aislados. Son síntomas de una misma enfermedad pública: instituciones que reaccionan tarde, una sociedad que tolera zonas grises y autoridades que, cuando no pueden prevenir, se limitan a administrar el daño.
UNAM: cuando hacer trampa deja de ser travesura y se convierte en corrupción social.
El caso de la UNAM golpea donde más duele: en la idea de que deben ingresar quienes obtienen los mejores resultados y en el mérito de ser seleccionado. La Universidad informó que, en el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, participaron 158 mil 712 aspirantes y que detectó acciones contrarias a la convocatoria, incluidas prácticas de personas y empresas que habrían engañado a familias al venderles servicios fraudulentos para presentar el examen. Por ello, presentó una denuncia penal el 3 de julio.
No estamos ante jóvenes “abusados” o “vivos” que hicieron trampa en un examen. Si hubo suplantación de identidad, uso indebido de herramientas digitales, venta de supuestas respuestas o intervención de empresas, el problema es penal, administrativo y ético. Jurídicamente, podrían abrirse investigaciones por fraude, falsificación, usurpación de identidad u otros delitos que resulten. Pero el mensaje social es todavía más grave: si para ingresar a la universidad pública más importante del país se hace trampa, el ascenso social se contamina desde el inicio. Es duro, pero cierto.
La propia UNAM informó que utilizó herramientas de inteligencia artificial para monitorear la prueba y que bloqueó exámenes por conductas contrarias a la normatividad. El debate escaló cuando los resultados mostraron patrones atípicos y la Universidad integró una comisión técnica para revisar los datos, el procedimiento y esos resultados. La presidenta Claudia Sheinbaum incluso dijo: “Ellos tienen que resolverlo”, aludiendo a la autonomía universitaria. Y sí, la UNAM debe resolverlo; pero el Estado mexicano no puede desentenderse del reto de formar una cultura de integridad en la educación.
La solución no puede consistir en un castigo masivo sin pruebas individualizadas ni en un lavado de manos revestido de tecnicismos. Se discute si debe repetirse el examen y si deben dejarse sin efectos los resultados hasta que se aplique una nueva prueba. Pero cuidado con el debido proceso y con los posibles amparos: algunos aspirantes ya fueron notificados de su aceptación.
En cualquier escenario, la Universidad debe preservar la evidencia digital, garantizar el derecho de audiencia, sancionar a las empresas y operadores fraudulentos y reconstruir un modelo de admisión confiable. Si se decide repetir la prueba, el procedimiento deberá ser transparente y jurídicamente defendible. La autonomía universitaria no puede convertirse en excusa para la opacidad, pero tampoco debe dañarse injustamente el prestigio de nuestra alma mater, construido a lo largo de décadas de historia y excelencia.
Dafne Zapata: cuando la disciplina sirve de pretexto para la violencia y el abuso.
El caso de Dafne Zapata, una niña de 13 años que murió en una academia militarizada de Tamaulipas, es un golpe moral con graves consecuencias sociales. La Fiscalía de Tamaulipas detuvo al director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, a una docente encargada del cuidado de las niñas internadas y a una instructora auxiliar. La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres.
Lo que se conoce públicamente es suficiente para exigir una investigacióny juicio sin tibieza: una niña, bajo la custodia de adultos, murió dentro de una institución privada que prometía disciplina, formación y carácter. ¿Qué más necesitamos para reaccionar? La madre sostiene que hubo tortura y la información difundida en medios sobre la necropsia apunta a asfixia por sumersión. En términos jurídicos, el Estado debe agotar, según corresponda, las líneas de investigación por posible feminicidio, lesiones, omisión de cuidados, maltrato infantil, encubrimiento y responsabilidad administrativa de quienes permitieron que esos centros operaran sin supervisión suficiente.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que la ley no autoriza ninguna modalidad educativa “de tipo militarizado” y que ni la SEP ni la Defensa avalan esos modelos. Además, sostuvo que la educación militarizada en el nivel básico es incompatible con los fines constitucionales y legales. La presidenta Sheinbaum, por su parte, señaló que esos centros no dependen de la Sedena y que corresponde al Gobierno de Tamaulipas investigar, revisar cómo operan y hacer justicia. Es cierto, pero no se trata de trasladar responsabilidades: se trata de que el Estado brinde una respuesta ejemplar.
El problema es que esa respuesta llega tarde. Si una menor murió dentro de una institución de este tipo, no basta con decir que “no está permitida”. Sino ¿Quién la supervisó? ¿Quién permitió que se publicitara como un espacio de formación? ¿Quién revisó sus protocolos, personal, instalaciones, castigos, alimentación, servicios de salud y mecanismos de comunicación con las familias? El Estado no puede aparecer solo cuando ya hay una víctima. Debe prevenir estas tragedias, no limitarse a reaccionar cuando ellas exhiben su ausencia.
Derechos de las audiencias: proteger al público no puede convertir al Gobierno en juez de la verdad.
El tercer espejo es el de los medios, la información y el poder. El Gobierno federal abrió una consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Según lo informado, la consulta inició el 27 de julio y concluirá el 21 de agosto. Busca recibir opiniones de concesionarios de radio y televisión, usuarios, audiencias, academia y sociedad civil. Los lineamientos se aplicarían a la radio, la televisión abierta, la televisión y el audio de paga, así como a programadores públicos, comerciales y sociales; además, prevén que los medios cuenten con un código de ética y una defensoría de las audiencias. Todo ello implica mucho. La pregunta de fondo es: ¿existen hoy, en la práctica, los derechos de las audiencias?
Vamos por partes. Esos derechos aún no se han consolidado plenamente; por ello, el objetivo de la propuesta puede parecer razonable. Las audiencias sí tienen, al menos en el papel, derecho a distinguir entre noticia y opinión, a no ser engañadas con publicidad disfrazada de contenido y a recibir información veraz y oportuna. La presentación oficial señala que se busca evitar “laxitud, subjetividad o discrecionalidad” en la interpretación de la norma y que los lineamientos contemplan mecanismos de queja ante las defensorías de las audiencias para hacer efectivos esos derechos. ¿Será suficiente?
El riesgo aparece justamente en el terreno que el Estado dice querer proteger: en la posibilidad de que el propio Estado decida qué información es falsa, descontextualizada o incorrecta. Ojo con eso. En la Comisión Permanente, Morena defendió la consulta pública y sostuvo que no existe riesgo de censura. Ignacio Mier dijo que “no es la Biblia lo que se está consultando” y que el proyecto puede enriquecerse. De acuerdo; ya veremos. Por otro lado, el PRI y el PAN advirtieron que existen puntos ambiguos que podrían abrir la puerta a que una autoridad administrativa revise contenidos, determine qué es falso o descontextualizado y ejerza presión sobre medios críticos. Ahí está el riesgo: la discrecionalidad de una autoridad administrativa cuya autonomía puede quedar comprometida por su propio diseño institucional.
Desde una lectura jurídica, el problema no es reconocer los derechos de las audiencias; estos ya existen. El problema es convertirlos en una herramienta de control editorial o incluso de censura. Una democracia moderna necesita medios responsables, sí, pero también exige que el Gobierno no se convierta en juez de la verdad pública. La libertad de expresión no protege únicamente las opiniones cómodas: protege también las investigaciones incómodas, la crítica dura, la sátira, los errores corregibles y el debate público. Si una autoridad con integración política puede sancionar contenidos con base en criterios abiertos, el efecto no será necesariamente una censura directa. Puede ser algo más silencioso y eficaz: la autocensura.
La crítica más rigurosa no consiste en negarlo todo. Sería ingenuo afirmar que los medios no cometen abusos. Hay desinformación, linchamientos mediáticos, amarillismo, propaganda disfrazada de noticia y daños injustos a la reputación; a mí me tocó vivirlo como fiscal. Un análisis publicado en El País reconoce esa doble tensión: por un lado, el derecho social a exigir responsabilidad a concesionarios que utilizan un bien público; por otro, el peligro de que una instancia dominada por la fuerza política en el poder termine dictaminando y sancionando contenidos que le resulten incómodos. Ese es un riesgo grave para la libertad de expresión.
Por eso, la solución no es desechar la consulta ni aprobarla como un acto de fe. Hay que corregirla con bisturí jurídico: conceptos precisos y no subjetivos; una autoridad verdaderamente autónoma e independiente, ajena a la mayoría política del momento; sanciones proporcionales; debido proceso; defensa efectiva; criterios técnicos; y una línea roja muy clara: ninguna autoridad administrativa debe decidir el contenido editorial de un medio por razones políticas. Se requiere objetividad, legalidad y claridad.
Sí, el Estado mexicano debe proteger a las audiencias, pero nunca administrar la conversación pública. Debe ser garante, no censor. Sí, debe exigir transparencia a los medios, pero no fabricar un mecanismo para disciplinarlos: esa no es su función. Debe recordar algo fundamental: una regulación diseñada para “mejorar” la información puede convertirse, en manos equivocadas, en una herramienta para censurar y castigar a quien incomoda. Ese no es el camino.
Tres conclusiones puntuales
Primera. En la UNAM, la Universidad y las autoridades competentes deben investigar y, en su caso, sancionar el fraude sin destruir los derechos de los aspirantes inocentes. La integridad académica exige debido proceso, trazabilidad digital y consecuencias para quienes lucraron con la trampa. No vapuleemos a nuestra Universidad Nacional: defendámosla exigiéndole transparencia y rigor.
Segunda. En el caso de Dafne, Tamaulipas y la Federación deben cerrar la puerta a las academias que operen bajo esquemas de disciplina violenta, revisar todos los centros similares y llevar ante la justicia a todos los responsables: no solo a quienes ejecutaron la violencia, sino también a quienes permitieron el riesgo. Hay responsables y deben responder.
Tercera. En materia de derechos de las audiencias, México debe regular con precisión, independencia y controles judiciales. Proteger al público es válido; permitir que una autoridad administrativa determine, con criterios ambiguos, qué contenido es falso, descontextualizado o incorrecto puede abrir la puerta a la censura, la autocensura y la presión política sobre los medios. La audiencia merece información responsable; el poder, en cambio, no debe recibir una llave para domesticar o administrar la crítica.
Estos tres casos dicen algo brutal sobre nosotros: cuando el Estado no previene, el mercado vende trampas, los particulares venden disciplina violenta y el poder intenta regular después de la crisis. México no necesita más reacciones tardías. Necesita instituciones que lleguen antes del fraude y antes de la muerte, pero que jamás crucen la línea de la censura.
*Mtro. Odracir Ricardo Espinoza Valdez.
Abogado Penalista, Académico, Primer Fiscal Anticorrupción del País y Ex asesor Legal del Departamento de Justicia de EU en México.