Continuando con el análisis de la crisis en el sector salud, cada día aumentan las voces que reclaman con fuerza la promesa incumplida por la llamada Cuarta Transformación. Tras casi ocho años de gestión, las inconformidades sociales se multiplican mientras el sistema pretende avanzar hacia un ideal que hoy parece inalcanzable: el acceso universal a la salud.
Uno de los compromisos más emblemáticos de este proyecto político fue construir un sistema sanitario «como el de Dinamarca». Sin embargo, los indicadores económicos y sociales muestran una realidad diametralmente opuesta. Enfermarse en México es hoy mucho más caro; el acceso a los servicios públicos se ha deteriorado y millones de ciudadanos se han visto obligados a pagar su atención con recursos propios ante la flagrante insuficiencia gubernamental.
Hay un indicar del centro México evalúa que me parece alarmante: más de 44 millones de mexicanos carecen actualmente de acceso efectivo a servicios de salud, lo que representa más del doble de los registros de 2018. Lejos de ampliar la cobertura médica, el país ha retrocedido en la garantía de un derecho constitucional básico.
Este desmantelamiento no ocurrió por casualidad. Como lo dije en artículo anterior la desaparición del Seguro Popular dejó un vacío que ni el INSABI primero, ni el IMSS-Bienestar después, han logrado llenar plenamente. Esta accidentada transición institucional estuvo marcada por la improvisación, cambios constantes de modelo, insuficiencia presupuestal y una severa falta de coordinación entre la Federación y los estados.
Los resultados están a la vista. El estudio revela que siete de cada diez personas resolvieron sus problemas médicos en el ámbito privado, recurriendo a consultorios de farmacias, automedicación o clínicas particulares, aun cuando esto implique un sacrificio económico considerable. La razón es clara: los largos tiempos de espera, el desabasto de medicamentos y las citas diferidas por meses han pulverizado la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
No se trata de una simple percepción. Las propias cifras oficiales muestran que las instituciones públicas otorgaron 235 millones de consultas al cierre de 2024, lo que representa un desplome del 20 % en comparación con 2018. Ante este escenario, quienes tienen posibilidades económicas sufragan la atención privada; quienes no, simplemente posponen sus tratamientos o renuncian a recibir de forma digna la salud.
Las consecuencias sociales son devastadoras. Una enfermedad inesperada hoy significa la pérdida total del patrimonio familiar. Muchas personas recurren a préstamos o venden sus bienes para poder adquirir fármacos básicos. El gasto catastrófico en salud, precisamente el que el Estado debería evitar, vuelve a golpear la economía de más de 1.11 millones de hogares.
Paradójicamente, el discurso oficial insiste en sostener que el sistema avanza. El primer paso para resolver cualquier crisis consiste en reconocer su existencia; sin embargo, el gobierno continúa privilegiando la narrativa política sobre el diagnóstico técnico. Negar la realidad no mejora los hospitales, tampoco abastece las farmacias ni contrata a los especialistas necesarios.
La salud pública no puede seguir siendo una eterna promesa de campaña. Exige planeación a largo plazo, inversiones sostenidas y decisiones basadas en evidencia, no ocurrencias administrativas cada sexenio. El Congreso no puede seguir aprobando asignaciones insuficientes para 2027 debe tomar como referencia para dar verdadera suficiencia presupuestal lo que la OCDE sugiere del PIB un 6 % no un pírrico 2 %, para que realmente mejoren los servicios que la ciudadanía padece para ejercer un derecho vital. Los datos son irrefutables: enfermarse cuesta más, la cobertura disminuyó y la confianza se debilita. Es momento de que la salud sea la verdadera prioridad de la transformación, o de lo contrario, confirmará ser una transformación de cuarta.
“Que críticas que propones y en que te comprometes”
Es cuanto
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