Lilly Téllez acusó públicamente a Guadalupe Taddei de presuntamente participar en un esquema de desvío de recursos públicos por 65 millones de pesos mediante un contrato otorgado a una empresa supuestamente vinculada con familiares de la funcionaria.
Durante una conferencia de prensa, la legisladora afirmó que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades relacionadas con un contrato asignado en diciembre de 2024.
Según explicó, el convenio habría sido otorgado a la empresa JVLY, la cual —aseguró— estaba en proceso de desaparición fiscal y no tenía posibilidad de emitir facturas válidas.
Las acusaciones sobre el contrato de 65 millones
La senadora sostuvo que el Instituto Nacional Electoral “se ha convertido en un botín” para un grupo cercano a la presidencia del organismo electoral.
De acuerdo con la versión presentada por Téllez, el contrato se adjudicó bajo el argumento de adquirir material para simulacros relacionados con la elección judicial.
Sin embargo, afirmó que existieron inconsistencias documentales y presuntas anomalías administrativas detectadas por la ASF.
La legisladora también aseguró que detrás de la empresa JVLY estarían hijos de Guadalupe Taddei y mencionó como presuntos prestanombres a Fernando Fernández y Arcelia José Nateras.
Entre los señalamientos realizados por la senadora destacan:
• El contrato se habría otorgado mientras la empresa atravesaba un supuesto proceso de desaparición fiscal.
• La ASF presuntamente detectó errores administrativos e irregularidades documentales.
• Parte de los recursos supuestamente se utilizó para bonos a funcionarios del instituto.
• El caso formaría parte de una red de presuntos favores políticos y contratos irregulares.
El contexto político de la polémica
Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE en 2023 tras el proceso de insaculación realizado en la Cámara de Diputados.
Desde entonces, actores políticos de oposición han cuestionado presuntos vínculos entre Taddei y figuras cercanas a Morena, particularmente con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
En ese contexto, diversas versiones periodísticas y denuncias políticas han señalado la existencia de supuestas redes de favores, contratos y nombramientos relacionados con áreas estratégicas del INE.
Hasta ahora no hay resolución judicial
Hasta el momento no existe una resolución judicial pública que confirme las acusaciones realizadas por Lilly Téllez ni cargos formales contra Guadalupe Taddei.
Tampoco el INE ni la consejera presidenta han emitido una postura oficial sobre los señalamientos hechos por la legisladora panista.
La polémica ocurre en medio de nuevas tensiones políticas entre oposición y oficialismo respecto al manejo de recursos públicos, transparencia y autonomía de organismos electorales.
