CIUDAD DE MÉXICO.– Una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República encendió las alertas en Morelos. El Fiscal Anticorrupción del estado, Leonel Díaz Rogel, fue señalado por su presunta participación en una red que habría cobrado “moches” de hasta el 25% a víctimas de delitos que accedían a recursos por reparación del daño.
El señalamiento fue interpuesto por la Comisionada Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos, Eva Penélope Picazo Hernández, quien también involucró en los hechos a Leonel Díaz Grajales, hijo del funcionario.
De acuerdo con la denuncia, ambos habrían operado desde posiciones clave dentro de instituciones públicas para intervenir en expedientes y facilitar el acceso a recursos federales, pero bajo condiciones económicas que terminaban afectando directamente a las víctimas.
Así habría operado el esquema
El documento expone que Díaz Rogel, desde la Fiscalía Anticorrupción, y su hijo, desde la Comisión de Atención a Víctimas, habrían coincidido en el manejo de casos específicos.
Durante su paso por la Comisión en 2024, Díaz Grajales tuvo acceso a expedientes, bases de datos sensibles y procesos de reparación integral. Posteriormente, ya fuera de la institución, habría utilizado esa información para representar legalmente a víctimas.
La denuncia sostiene que, en ese proceso, se orientaban los casos para obtener recursos del fondo federal, pero a cambio de contratos privados donde se establecían honorarios de hasta el 25% del monto recibido.
Uso de información y posibles ventajas
Otro de los puntos que se señalan es que la Fiscalía Anticorrupción solicitó información confidencial sobre expedientes relacionados con personas representadas por el propio hijo del fiscal.
Esto, según la denunciante, pudo haber generado presión institucional, intervención indebida en procesos administrativos y ventajas en el acceso a recursos públicos destinados a víctimas.
Delitos que podrían investigarse
Entre las conductas señaladas en la denuncia se encuentran posibles delitos como peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones e incluso intimidación institucional.
Los recursos involucrados provendrían de fondos federales destinados a la seguridad pública y a la reparación integral del daño, lo que coloca el caso en el ámbito de competencia federal.
Impacto en las víctimas
La denuncia también advierte que este esquema habría provocado afectaciones directas, como alteraciones en el orden de atención, trato desigual y el favorecimiento de ciertos expedientes.
Todo esto, presuntamente, mediante el uso de información privilegiada y la intervención de funcionarios con poder de decisión.
¿Qué sigue?
La comisionada solicitó la apertura de una carpeta de investigación, así como diligencias para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.
Hasta ahora, se trata de una acusación formal que deberá ser investigada por la autoridad federal.
