El Registro Federal estadounidense publicó este martes las sanciones contra Carlos Alberto Torres Torres, a quien Washington señala por presunto apoyo al Cártel de Sinaloa.
Lo que había sido anunciado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 29 de septiembre ahora quedó asentado formalmente en el Federal Register.
El gobierno estadounidense publicó este martes 6 de octubre las sanciones contra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien las autoridades de ese país relacionan con una estructura del Cártel de Sinaloa.
La medida no representa una sentencia penal en Estados Unidos. Se trata de sanciones financieras y administrativas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
¿Qué señala Estados Unidos contra Carlos Torres?
En su registro de sanciones, OFAC identifica a Carlos Alberto Torres Torres, residente de Tijuana, como una persona vinculada al Cártel de Sinaloa.
El Departamento del Tesoro sostiene que Torres proporcionó o intentó proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios, en respaldo de esa organización.
La designación fue realizada bajo la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con el combate al tráfico internacional de drogas, y también bajo disposiciones de la Orden Ejecutiva 13224, modificada posteriormente, que contempla sanciones contra personas que apoyan materialmente actividades terroristas o a personas designadas bajo ese régimen.
¿Qué significa estar sancionado por OFAC?
Una de las principales consecuencias es el bloqueo de los bienes e intereses en propiedades que las personas sancionadas tengan dentro de Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses.
Además, en términos generales, ciudadanos y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con las personas incluidas en la lista, salvo que exista una autorización específica de OFAC.
La medida también puede tener efectos importantes para empresas, instituciones financieras y personas que mantienen operaciones con los sancionados.
También fue incluido su hermano
La acción estadounidense no se limita a Carlos Torres.
Su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, también fue incluido en la lista de sancionados y aparece identificado por OFAC como vinculado al Cártel de Sinaloa.
El paquete anunciado por el Departamento del Tesoro el 29 de septiembre alcanzó a personas y empresas que Washington relaciona con una estructura financiera y criminal vinculada con la facción conocida como Los Mayos y con Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.
El nombre de Marina del Pilar no aparece en el documento
Aunque Carlos Torres fue esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda no aparece como sancionada en el documento publicado este martes por el Registro Federal estadounidense.
Tampoco aparece mencionada en la lista de personas sancionadas incluida en el registro correspondiente a esta acción.
La gobernadora se ha deslindado públicamente de las actividades atribuidas a su exesposo y ha sostenido que cada persona debe responder por los señalamientos que correspondan.
¿Por qué aparece “Mayito Flaco” en el caso?
La documentación del Departamento del Tesoro conecta a Carlos Torres con una red que Estados Unidos atribuye al Cártel de Sinaloa y, particularmente, a la estructura asociada con Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”.
El gobierno estadounidense también incluyó a otras personas y empresas dentro de la misma acción, al considerar que formaban parte o facilitaban actividades relacionadas con esa estructura.
La publicación del Federal Register convierte en registro oficial las determinaciones que el Tesoro había anunciado previamente.
No es una acusación penal presentada ante un tribunal
Un punto importante para entender el alcance de la medida es que una sanción de OFAC no equivale por sí misma a una condena penal.
El gobierno estadounidense puede imponer sanciones administrativas y financieras mediante sus facultades ejecutivas, mientras que una acusación criminal y una eventual condena requieren un proceso judicial distinto.
Por ello, las referencias a los presuntos vínculos de Carlos Torres con el Cártel de Sinaloa corresponden a señalamientos de las autoridades estadounidenses, no a una sentencia judicial que determine su culpabilidad penal.
El caso vuelve a poner el foco en Baja California
La formalización de las sanciones ocurre en medio de una creciente controversia política alrededor de Baja California y de la relación de empresarios y funcionarios con personas señaladas por autoridades estadounidenses.
La gobernadora Marina del Pilar ha rechazado estar involucrada en actividades ilícitas y ha marcado distancia respecto a las acusaciones dirigidas contra su exesposo.
Mientras tanto, la publicación del Registro Federal estadounidense deja asentada oficialmente la medida contra Carlos Torres y el resto de las personas incluidas en el paquete de sanciones.
Ahora, la atención se concentra en los posibles efectos financieros, políticos y legales que pueda tener esta determinación tanto para los sancionados como para las investigaciones que se desarrollen en México y Estados Unidos.
