GUAYMAS, Son. – En los años 90 del pasado siglo, el apoyo de la propia autoridad estatal creó un caos en la propiedad de suelos en este puerto, iniciado con el reclamo de supuestos dirigentes del ejido empalmense San Fernando, sobre la propiedad que indicaban documentos cuya existencia nunca se confirmó, pero incluían a medio Guaymas.
Estafas y despojos abundaron al amparo de esta presunta reivindicación de derechos de la cual, cuando sus promotores vieron satisfechos sus oscuros fines, nadie volvió a hablar.
Era experiencia aprendida del pasado, ocurridas sobre todo en ciudad de México, la universidad nacional de la leperada para los políticos y cómplices, donde el despojo casi es legal, por eso en suelo bajo ese tipo de posesión creció la macrourbe a partir de invasiones, “paracaidistas”, asentamientos precaristas que dieron curso a la lucha justiciera a favor de los necesitados, para llevarles servicios.
Tras ellos había “redentores” profesionales del proletariado, que así encontraron un medio para beneficio material inmediato o carrera política y mejoraron su habilidad para la “lucha social”: bloqueos, presiones, plantones.
La autoridad manejaba el paternalismo y negociaba con el agitador, le financiaba, llevaba agua, electricidad, pavimento. A cambio, esperaban el voto que les permitía conservar el poder.
Cuando el beneficio se daba, el predio elevaba su valor y, que conveniente, la lista de beneficiarios incluía al líder del grupo y a muchos de sus cercanos. Seguía la legalización, que todavía vemos con el anuncio de autoridades sobre la entrega de escrituras para lograr la certeza jurídica, de un bien muchas veces producto del despojo iniciado con la invasión.
Pero resulta que, con el tiempo, los señores de esta práctica tan productiva se dieron cuenta de lo fácil que es tomar predios ya urbanizados. Esperar tanto tiempo reduce el beneficio, así que comenzaron a tomar suelo urbanizado en la ciudad.
Hay muchos casos y en algunos, se cuenta que la ley tardaba y un propietario envió personal a reclamar una vivienda residencial en San Carlos, ocupada por ese tipo de personas. Un abogado no pudo recuperar el bien, así que se llegaron los “hombres de negro”. Arma en mano exigieron el desalojo. Así lo solucionaron.
Pero no todos pueden enfrentar así un problema. Los más, confían en la ley; otros, en la influencia para apoyar sus exigencias. Pero si se trata de la ley, tarda en llegar… si llega.
Por eso nacieron los llamados cárteles inmobiliarios, oficializando el despojo impune. Sus cabezas en muchos casos, están detrás de quienes ocupan viviendas dejadas solas por disputas legales o por ausencia del propietario.
Acudir ante la autoridad y levantar una denuncia por la ocupación de la vivienda, es espera eterna para resultados. Cuando los hay.
Sí, por qué ir a la periferia y buscar predios para ocuparlos, esperar años por servicios y más años para escriturarlos. Hoy puede invadirse una casa amueblada en colonias céntricas y hasta poseerla legalmente, lo cual logran los profesionales de este abuso con el apoyo de corredores, abogados y notarios públicos. Se jactan de buenos contactos en ministerios públicos o juzgados.
En esa situación están predios con alta vocación para el desarrollo, lo cual nos lleva al punto:
Se trata de lo que hace un profesional de los bienes raíces recientemente vencido en juicio justo, como dicen los jueces, tras intentar echar a una familia de su propia casa, enclavada en un predio al que su familia llegó y se asentó hace más de 7 décadas.
Jesús Monreal, conocido por muchos como “El güero donas”, no es ajeno a este tipo de prácticas, como lo denunció la familia que se vio amenazada si no dejaba ese suelo que, en aquellas épocas, no era gran cosa, pero hoy tiene alto valor comercial.
El “Güero donas” encontró un resquicio legal dejado hace mucho tiempo por la familia dueña del bien, adquirido con facilidades otorgadas por un empresario que complementaba la liquidación a sus trabajadores, al cesar actividad una empresa productora de mosaico.
La justicia se impuso, gracias al escándalo mediático provocado por el intento de despojo.
Pero, decíamos antes, no era la primera vez que el personaje intentaba estas cosas. Pocos años antes, cerca de allí, llegó con patrullas policiacas dando órdenes a policías y jefes operativos, para echar a otra persona y hasta golpearon y esposaron al nieto del posesionario, quien defendía al adulto mayor cuando este no entendía por qué un desconocido quería despojarle de su vivienda donde había habitado por décadas.
El “Güero donas” presumía ser parte del “cártel inmobiliario” local (¡!). Qué interesante sería saber quiénes son los demás integrantes. Ojalá lo diga.
Y lo anterior sale a colación ahora que el Gobierno del Estado se esfuerza por regularizar suelos y atraer inversiones para hacer realidad el proyecto náutico de Bacochibampo, con sus desarrollos inmobiliarios comerciales y residenciales turísticos.
Eso va a significar cuantiosa inversión, empleo, ingresos para el Municipio por impuestos de venta y traspasos, así como una notable mejora. Pero hay quien ve esos resquicios legales y provoca conflictos buscando el bien personal, aunque el inversionista se aleje.
Increíblemente, el “Güero Donas” parece retar al Gobierno del Estado con esta actitud, al colocar en el cercado instalado recientemente, anuncios autonombrándose propietario de extensa área colindante con el bulevar Luis Encinas, de elevada vocación comercial.
Resulta que nadie puede quitar esos anuncios porque incurriría en daños y perjuicios a la persona propietaria. Y el “Güero Donas” dice serlo. Aclarar eso exigiría un proceso legal y el juez de la causa podría tardar años en resolverlo, el bien inmueble estará entrampado y el inversionista no se arriesgará en una larga lucha contra la burocracia o la corrupción.
Eso pasa en Guaymas, donde vamos a ver si el propio gobierno estatal es víctima de este tipo de situaciones o, como en el pasado, es la nueva versión de presuntos derechos reclamados por alguien, basado en disfraces legales inaceptables en un proceso serio.
Como lo hizo el ejido San Fernando que, más tarde se supo, solo simulaba y tenía apoyo desde lo oscuro de una de una de las principales oficinas del propio Palacio de Gobierno, en Hermosillo, donde se suponía, resolvían el problema generado a los guaymenses, que en muchos casos perdieron dinero o el propio bien.