El gobierno de Estados Unidos encendió las alertas en México tras iniciar acciones legales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra nueve políticos y mandos policiales, por presunta colaboración con una facción del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la investigación contempla el decomiso de todos los bienes, propiedades y recursos económicos vinculados directa o indirectamente con actividades ilícitas como tráfico de drogas, armas y secuestro.
La medida no se limita únicamente a activos visibles. Las autoridades advierten que también podrían asegurar bienes transferidos, vendidos o incluso colocados fuera de la jurisdicción del tribunal, lo que amplía significativamente el alcance de la acción legal.
Según la acusación, Rocha Moya habría sostenido reuniones con líderes de la facción conocida como Los Chapitos, permitiendo su operación sin intervención y facilitando la colocación de funcionarios en posiciones estratégicas para proteger sus actividades.
Información publicada por El Universal señala que otros funcionarios también habrían recibido pagos mensuales, registrados en lo que se describe como una “narconómina”, lo que apuntaría a una red de presuntos sobornos sistemáticos.
En caso de que las acusaciones prosperen, las autoridades estadounidenses podrían proceder con la confiscación total de cuentas bancarias, propiedades y cualquier activo relacionado, conforme a su legislación.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿estas acciones realmente debilitan al crimen organizado o solo exhiben hasta dónde han llegado sus redes de influencia?
