Ciudad de México.– El inicio del registro biométrico para la CURP en México no pasó desapercibido. Aunque el Gobierno federal lo presenta como un avance en materia de identidad, el anuncio ha generado inquietud entre especialistas y ciudadanos por el manejo de datos personales sensibles.
Este lunes 13 de abril de 2026, la Secretaría de Gobernación arrancó oficialmente la toma de huellas, rasgos faciales y otros datos biométricos como parte de la actualización del documento.
La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que esta medida busca garantizar una identidad única para cada persona y reducir delitos como la suplantación de identidad.
Sin embargo, más allá del discurso oficial, el programa ha abierto preguntas que aún no tienen respuesta clara: ¿quién resguardará esta información?, ¿cómo se evitarán filtraciones?, ¿qué uso adicional podrían tener estos datos en el futuro?
El proyecto forma parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien busca que la CURP se convierta en el documento base para acceder a servicios públicos. No obstante, la concentración de información en un solo sistema también ha sido señalada como un posible riesgo.
Especialistas en protección de datos han advertido que, sin reglas claras y mecanismos robustos de transparencia, la recolección masiva de biométricos podría derivar en vulneraciones a la privacidad o incluso en usos no previstos inicialmente.
Otro punto que genera preocupación es la implementación gradual del programa. Hasta ahora, las autoridades no han detallado con precisión cómo será el proceso, ni qué dependencias tendrán acceso a la base de datos, lo que alimenta la incertidumbre.
Mientras el Gobierno insiste en que se trata de una herramienta para fortalecer derechos, el debate apenas comienza y pone sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿hasta dónde debe llegar el Estado en el control de la identidad de sus ciudadanos?
