Estados Unidos reconoció la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para trabajar contra el crimen organizado, pero al mismo tiempo dejó claro que Washington pretende intensificar la presión contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La postura fue expuesta por Michael Gonzales, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, quien destacó la cooperación entre ambos gobiernos para enfrentar a organizaciones criminales.
El mensaje llega en medio de una nueva ofensiva estadounidense contra el CJNG, que incluye recompensas millonarias por información que permita localizar a sus principales dirigentes y restricciones migratorias contra personas vinculadas con integrantes del grupo.
De acuerdo con información publicada este viernes, Estados Unidos restringió las visas de 65 personas relacionadas con familiares, socios o personas cercanas a integrantes del CJNG. De ellas, 26 ya contaban con visas que fueron revocadas. Washington, sin embargo, decidió no revelar sus nombres ni confirmar si entre los sancionados hay funcionarios mexicanos.
EEUU reconoce la disposición de Sheinbaum
Gonzales reconoció públicamente la postura asumida por la presidenta mexicana frente al narcotráfico y las organizaciones criminales.
El funcionario estadounidense destacó que el gobierno de Sheinbaum ha mostrado disposición para colaborar en la captura de objetivos relacionados con el crimen organizado.
El reconocimiento llega en un momento complicado para la relación bilateral, marcada por las exigencias de Washington para obtener mayores resultados contra los cárteles que operan en territorio mexicano.
La cooperación, sin embargo, no significa que Estados Unidos considere suficiente lo realizado hasta ahora.
Por el contrario, las nuevas medidas muestran que la administración de Donald Trump pretende mantener una fuerte presión sobre las organizaciones criminales mexicanas.
Más de 100 millones de dólares por líderes del CJNG
Una de las medidas que más llamó la atención fue el aumento de las recompensas ofrecidas por Estados Unidos para localizar a integrantes de la estructura del CJNG.
Entre los principales objetivos se encuentra Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, por quien Washington ofrece hasta 25 millones de dólares.
También se anunciaron recompensas millonarias por otros integrantes de la organización.
En total, Estados Unidos ofrece recompensas por ocho dirigentes del CJNG, con cantidades que van desde los 2 hasta los 25 millones de dólares, según la información difundida por las autoridades estadounidenses.
La estrategia busca obtener información que permita localizar y detener a los objetivos considerados prioritarios por Washington.
65 personas enfrentan restricciones de visa
La ofensiva estadounidense no se limita a las recompensas.
Washington también impuso restricciones migratorias contra 65 personas vinculadas, según Estados Unidos, con familiares, socios cercanos o facilitadores de las actividades de integrantes del CJNG.
De ese grupo, 26 ya tenían visas estadounidenses y les fueron revocadas.
Lo que mantiene abierta una de las mayores interrogantes de esta nueva medida es la identidad de los sancionados.
El Departamento de Estado se negó a revelar sus nombres y tampoco confirmó si alguno de ellos ocupa actualmente un cargo público en México.
Por ello, no existe hasta ahora una confirmación oficial que permita identificar a funcionarios mexicanos como parte de esta nueva lista de 65 personas.
¿Qué tiene que ver Alfonso Durazo?
El tema cobra especial interés en Sonora debido a las versiones difundidas en meses recientes sobre el gobernador Alfonso Durazo y una supuesta cancelación de su visa estadounidense.
En junio, Durazo rechazó públicamente esas versiones y negó tener vínculos con grupos criminales.
Reportes periodísticos posteriores señalaron que su visa habría sido revocada en los sistemas estadounidenses, aunque el mandatario sonorense sostuvo que el documento estaba vigente.
Sin embargo, estos antecedentes no deben confundirse con la nueva medida anunciada contra 65 personas vinculadas al CJNG.
Estados Unidos no ha informado que Durazo forme parte de esa lista ni ha revelado los nombres de quienes fueron sancionados en esta nueva acción.
Washington mantiene la presión sobre México
La estrategia estadounidense combina cooperación con presión.
Por un lado, funcionarios de Washington reconocen la disposición del gobierno de Sheinbaum para combatir a las organizaciones criminales.
Por otro, la administración de Trump mantiene la exigencia de obtener resultados concretos contra los cárteles, especialmente contra aquellos que Estados Unidos considera una amenaza para su seguridad.
El mensaje es particularmente relevante porque el CJNG fue designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, y desde entonces Washington ha utilizado distintas herramientas financieras, judiciales y migratorias contra personas y empresas relacionadas con el grupo.
La inteligencia será parte de la estrategia
Otro de los puntos que aparecen en la nueva estrategia es el uso de información de inteligencia.
Washington ha señalado que la cooperación con las autoridades mexicanas resulta importante para identificar objetivos, seguir sus movimientos y construir casos que permitan llevarlos ante la justicia.
El gobierno estadounidense también ha insistido en que sus programas de recompensas han permitido localizar a numerosos objetivos criminales.
Según Michael Gonzales, estos mecanismos han contribuido a identificar y llevar ante la justicia a más de 90 delincuentes y Estados Unidos ha pagado más de 200 millones de dólares en recompensas.
¿Qué significa esto para la relación México-Estados Unidos?
La nueva ofensiva muestra que la relación entre ambos países en materia de seguridad seguirá marcada por una mezcla de cooperación y presión.
Para Sheinbaum, el reto consiste en mantener la colaboración con Washington sin aceptar acciones que puedan vulnerar la soberanía mexicana.
Para Estados Unidos, el objetivo es aumentar la presión sobre los grupos que considera responsables del tráfico de drogas y otras actividades criminales que afectan a su territorio.
Y en medio de esa disputa permanece una pregunta que Washington todavía no responde:
¿Quiénes son las 65 personas a las que Estados Unidos decidió restringirles la visa?
Por ahora, el gobierno estadounidense mantiene sus identidades bajo reserva.
Lo que sí está confirmado es que 26 visas fueron revocadas y que la administración de Trump pretende utilizar todas las herramientas disponibles para golpear las estructuras relacionadas con el CJNG.
