Mientras el Gobierno de Sonora presume cientos de obras comunitarias cada año, no existe un informe público consolidado que permita conocer cuántas realmente fueron concluidas, cuánto terminaron costando o cuáles permanecen inconclusas. A ello se suma uno de los mayores escándalos de presunto desvío de recursos públicos de la actual administración, que mantiene bajo cuestionamiento la transparencia del organismo encargado precisamente de construir infraestructura para las comunidades.
Cada año, el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP) recorre Sonora anunciando la construcción de parques, pavimentaciones, canchas deportivas, techumbres, aulas, rehabilitación de escuelas, centros comunitarios y cientos de obras de infraestructura social.
Las cifras son impresionantes.
Tan sólo para 2025 fueron anunciadas 628 obras, mientras que para 2026 el programa contempla 470 obras adicionales, con inversiones cercanas a los 148 y 150 millones de pesos, respectivamente. Los anuncios se realizan en eventos públicos, se firman convenios con municipios y se presentan como una muestra del combate al rezago social.
Sin embargo, una vez terminados los eventos oficiales, comienza la parte más difícil: seguirles la pista.
Porque la gran pregunta es sencilla:
¿Dónde puede un ciudadano consultar un informe que le permita verificar cuántas de esas obras realmente fueron concluidas?
No el boletín de prensa del arranque.
No la fotografía de la primera piedra.
No el convenio firmado.
Sino un informe consolidado que detalle cuáles fueron entregadas, cuáles siguen en proceso, cuáles fueron canceladas, cuánto terminaron costando y si cumplieron con las metas para las que fueron autorizadas.
Ese documento simplemente no existe de manera pública y consolidada.
La propia revisión realizada para esta investigación encontró que el universo de obras anunciadas carece de un reporte global verificable que permita evaluar el cumplimiento total de los compromisos asumidos por el CECOP. Incluso, en el análisis de las principales obras públicas del estado se identifica como uno de los problemas la opacidad en el seguimiento de los proyectos impulsados por este organismo.
La falta de información cobra todavía mayor relevancia porque el CECOP administra recursos públicos destinados directamente a las comunidades. Son obras pequeñas en monto individual, pero enormes por su impacto social y por el número de beneficiarios que representan.
Paradójicamente, mientras el organismo presume cientos de acciones cada año, resulta prácticamente imposible para cualquier ciudadano conocer, en un solo documento, el balance final de lo prometido frente a lo efectivamente entregado.
Y si la rendición de cuentas sobre las obras ya representa un problema, el contexto institucional del CECOP vuelve todavía más delicadas las dudas sobre su transparencia.
Escándalo sin respuesta
Durante la presente administración, la dependencia quedó envuelta en uno de los mayores escándalos por presunto desvío de recursos públicos.
Las autoridades estatales iniciaron investigaciones que derivaron en procedimientos administrativos y penales contra un exfuncionario del área administrativa, Juan Alán “N”, quien fue sancionado administrativamente con 50 años de inhabilitación y una sanción económica superior a 134 millones de pesos, por faltas administrativas graves relacionadas con el manejo de recursos públicos. De acuerdo con la información oficial, el exfuncionario permanece prófugo y continúa siendo buscado por las autoridades.
Las investigaciones también alcanzaron a su esposa, Andrea Fernanda “N”, quien enfrenta un proceso penal y permanece recluida en el Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo, dentro de una investigación relacionada con presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos derivados del manejo de recursos públicos. Según la Fiscalía, entre 2023 y 2025 se habrían realizado transferencias por más de 106 millones de pesos hacia cuentas vinculadas con la investigación, recursos que presuntamente fueron utilizados para la adquisición de bienes y otros gastos personales.
Además, la Secretaría Anticorrupción informó que existen investigaciones abiertas contra otros exservidores públicos del propio CECOP por presuntos desvíos adicionales de recursos.
Estos hechos no significan, por sí mismos, que las obras ejecutadas por el CECOP sean irregulares. Pero sí colocan a la institución bajo un nivel de escrutinio mucho mayor y hacen aún más necesaria una política de transparencia absoluta.
Porque cuando un organismo responsable de administrar recursos públicos enfrenta investigaciones por presuntos desvíos millonarios, la obligación de rendir cuentas ya no debería limitarse a publicar boletines de prensa o fotografías de inauguraciones. La ciudadanía tiene derecho a conocer, obra por obra, cómo se ejerció cada peso.
El caso también deja preguntas que siguen sin respuesta.
¿Por qué, después de todo este tiempo, el principal exfuncionario investigado continúa prófugo?
¿Qué resultados concretos han obtenido las autoridades para lograr su localización y captura?
¿La investigación ya permitió identificar a todos los posibles responsables o aún existen líneas abiertas sobre el destino final de los recursos?
Y sobre todo, la pregunta que da origen a este reportaje:
¿Quién verifica que las más de mil obras anunciadas por el CECOP durante los últimos dos años realmente fueron ejecutadas conforme a lo prometido?
En la serie Promesas Rotas, el caso del CECOP no sólo plantea dudas sobre cientos de obras públicas. También pone sobre la mesa un asunto mucho más profundo: la confianza en una institución creada para llevar infraestructura a las comunidades y que hoy enfrenta el reto de demostrar, con información verificable y no únicamente con discursos, que cada peso destinado al desarrollo social realmente llegó a su destino.
