Las imágenes recorrieron Sonora en cuestión de minutos. Vehículos atrapados, calles convertidas en ríos, comercios afectados y familias enfrentando nuevamente la incertidumbre que cada temporada de lluvias trae consigo.
Sin embargo, esta vez la conversación fue distinta.
Las inundaciones ocurrieron después de que el Gobierno de Sonora anunciara una inversión superior a 700 millones de pesos para el embovedado y la modernización de la avenida Tecnológico, un proyecto presentado públicamente como la respuesta al problema que durante años ha afectado a la ciudad.
En distintos momentos, la administración estatal informó inversiones por 575 millones de pesos para la obra principal y 257.6 millones de pesos para uno de sus tramos, destacando que el proyecto contribuiría a reducir los riesgos por lluvias en una de las zonas más vulnerables de Nogales.
Pero la primera gran prueba volvió a poner sobre la mesa una pregunta inevitable.
¿Por qué la ciudad volvió a registrar inundaciones de consideración pese a la inversión realizada?
Responder esa pregunta requiere más que explicaciones generales.
Cuando una obra pública de esta magnitud enfrenta cuestionamientos sobre su desempeño, la ciudadanía espera información técnica que permita entender qué ocurrió.
¿La infraestructura operó conforme al proyecto ejecutivo?
¿La intensidad de la lluvia superó los parámetros considerados durante el diseño?
¿Existieron factores extraordinarios que rebasaron la capacidad del sistema?
¿O existen aspectos del proyecto que deban revisarse?
Las respuestas corresponden a las autoridades y a las instancias responsables de evaluar el funcionamiento de la obra.
También resulta pertinente conocer quién supervisó los trabajos, quién validó su ejecución y bajo qué criterios fue recibida oficialmente.
La revisión técnica de un proyecto de esta naturaleza normalmente contempla procesos de supervisión, pruebas y mecanismos de garantía previstos en los contratos de obra pública. En caso de detectarse fallas atribuibles al diseño o a la ejecución, las autoridades cuentan con instrumentos legales para determinar responsabilidades y, en su caso, exigir las correcciones correspondientes.
Entre las preguntas que permanecen abiertas destacan:
- ¿La obra fue ejecutada conforme al proyecto aprobado?
- ¿Hubo modificaciones durante su construcción?
- ¿La capacidad hidráulica instalada corresponde a la prevista?
- ¿Se realizaron las pruebas técnicas antes de su entrega?
- ¿Las garantías del contrato siguen vigentes en caso de detectarse deficiencias?
Otra interrogante que diversos ciudadanos han planteado es si las autoridades realizarán una evaluación independiente del comportamiento de la infraestructura tras este episodio.
Hasta ahora, no existe información pública que determine que haya existido alguna irregularidad en la construcción del proyecto. Sin embargo, precisamente por el monto de la inversión y por el contraste entre las expectativas generadas y lo ocurrido durante las lluvias, distintos sectores consideran necesario que se presenten estudios técnicos que permitan conocer las causas de las afectaciones.
En medio de la emergencia, el gobernador Alfonso Durazo acudió personalmente a recorrer las zonas afectadas y supervisó las acciones de apoyo a la población, además de mantener comunicación con autoridades estatales y municipales para atender las consecuencias de las precipitaciones.
Otro aspecto positivo es que, hasta el momento, las autoridades no han informado sobre pérdidas de vidas humanas relacionadas con este evento.
No obstante, la temporada de lluvias apenas comienza.
Por ello, además de las labores de atención inmediata, crece la expectativa sobre los resultados de las evaluaciones que puedan realizarse a la obra hidráulica.
Los habitantes de Nogales financiaron este proyecto mediante recursos públicos con la expectativa de reducir el impacto de las inundaciones. Ahora esperan conocer, con información técnica y transparente, cómo respondió la infraestructura, qué ajustes podrían ser necesarios y, si las investigaciones detectan responsabilidades administrativas, técnicas o legales, qué acciones tomarán las autoridades.
Porque más allá de los anuncios, lo que realmente dará tranquilidad a la población será saber que cada obra pública cumple con el objetivo para el que fue construida y que cualquier falla será revisada con transparencia y conforme a la ley.
