La inconformidad crece en todo el país. Miles de jubilados del sector público aseguran que sus pensiones ya fueron reducidas de forma drástica, incluso antes de que existan reglas claras para aplicar la reforma que lo permite.
El origen del conflicto está en una modificación al Artículo 127 constitucional publicada el 10 de abril en el Diario Oficial de la Federación. A partir de este cambio, ninguna pensión financiada con recursos públicos puede superar el 50% del salario de la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales netos.
📉 Recortes de hasta 60% ya impactan a miles
De acuerdo con reportes periodísticos, la medida podría afectar a más de 93 mil jubilados de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Banobras y Luz y Fuerza del Centro.
Dependiendo del cargo que ocuparon, algunos pensionados han visto reducciones de hasta el 60% de sus ingresos.
El impacto no es menor. Organizaciones de jubilados estiman que esta situación alcanza indirectamente a unas 300 mil familias en todo el país.
⚠️ Aplicación inmediata sin reglas claras
Uno de los puntos más polémicos es que los recortes ya se reflejan en los pagos recientes, a pesar de que aún no se han publicado las leyes secundarias que expliquen cómo debe implementarse la reforma.
Representantes de jubilados califican la aplicación como arbitraria. Señalan que no hubo diferenciación entre casos ni claridad en los criterios utilizados para calcular los nuevos montos.
Algunos afectados advierten que la reducción los deja sin margen para cubrir gastos básicos, créditos o tratamientos médicos.
🚨 Protestas en todo el país
La molestia ya se trasladó a las calles. Más de 2 mil jubilados provenientes de 29 estados marcharon en Paseo de la Reforma hacia el Senado.
Las consignas fueron contundentes:
“Trabajé 30 años. Mi pensión es ganada. No se toca”.
En estados como Nuevo León también se han registrado plantones y concentraciones, con reportes de reducciones que en algunos casos podrían alcanzar hasta el 70%.
⚖️ Argumentan violación constitucional
Los jubilados sostienen que la reforma viola el principio de no retroactividad de la ley, establecido en la Constitución mexicana.
Aseguran que sus pensiones fueron pactadas bajo condiciones específicas al momento de su retiro, por lo que modificar esos términos ahora representa una afectación a derechos adquiridos.
Incluso durante el debate legislativo, algunos actores políticos advirtieron que aplicar el nuevo tope a pensiones ya otorgadas podría generar más problemas legales que beneficios financieros.
🧑⚖️ Se preparan amparos y batalla legal
Ante este escenario, los afectados anunciaron que interpondrán amparos individuales contra los efectos de la reforma.
Aunque no pueden impugnar directamente el cambio constitucional, buscan frenar su aplicación argumentando violaciones a garantías fundamentales.
Además, adelantaron que continuarán las protestas y el cabildeo con legisladores y organismos nacionales e internacionales.
💰 La postura del gobierno
El gobierno federal defiende la reforma como una medida para reducir el gasto público y eliminar las llamadas “pensiones elevadas”.
Datos oficiales señalan que miles de jubilados percibían ingresos superiores al salario presidencial, lo que representaba un gasto anual de varios miles de millones de pesos.
El ahorro estimado con esta medida ronda los 5 mil millones de pesos al año.
🔎 Lo que sigue
El conflicto apunta ahora hacia los tribunales. La discusión central será si una reforma constitucional puede aplicarse a pensiones ya otorgadas sin violar derechos previamente adquiridos.
Mientras tanto, el mensaje de los jubilados es claro: el tema no se quedará en silencio y podría escalar a nivel nacional.
