El abandono a los desaparecidos
“No me quiero convertir en una estadística de las madres que pierden la vida por buscar a sus hijos, quiero que ellos encuentren a mis hijos”, así exclamaba, llena de dolor, Cecilia Flores, la madre sonorense que desde 2015 se dedicó por completo a buscar a su hijo Alejandro Guadalupe. Su amor de madre y la resignación de hallarlo con vida o sin ella, para darle sepultura, la llevaron a fundar el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que por más de una década se ha especializado en encontrar fosas clandestinas e intentar identificar cuerpos.
La búsqueda de la activista se intensificó cuando en 2019 perdió a su segundo hijo, Marco Antonio Sauceda, a quien a finales de marzo de 2026 la Fiscalía del Estado de Sonora le anunció la identificación de sus restos.
La travesía de Cecilia y sus compañeras de búsqueda les hizo entender la gravedad de la crisis de seguridad que enfrenta el país y el estado. Caminamos sobre cadáveres y ni siquiera nos damos cuenta. La mayoría de las desapariciones son consecuencia del crimen organizado y de la negligencia del Estado mexicano para establecer mecanismos eficientes de prevención y búsqueda de personas.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) registra más de 340 mil 400 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales 120 mil permanecen desaparecidas y no localizadas, mientras que 221 mil personas han sido localizadas; el 8% de ellas fueron encontradas sin vida.
De las 32 entidades federativas, Sonora ocupa el segundo lugar en desapariciones según su densidad poblacional, problema que se ha intensificado en los últimos cuatro años, coincidiendo con la llegada al poder del gobernador Alfonso Durazo en 2021.
En Sonora se contabilizan entre 5 mil 900 y 6 mil personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales el 40% de los casos ocurrieron entre 2022 y 2026. Sin considerar el índice poblacional, Sonora ocupa el octavo lugar nacional en desapariciones. Los municipios con mayores reportes e incidencias son Cajeme, Caborca y San Luis Río Colorado, focos de violencia en el estado durante los últimos años.
Además, el Balance Anual 2025, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), señala que Sonora está entre las tres entidades federativas con más menores de edad cooptados por el crimen organizado. El informe Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México advierte que entre 145 mil y 250 mil niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser captados por la delincuencia organizada.
La crisis de seguridad en el estado también se refleja en la cantidad de fosas clandestinas con restos humanos encontradas. Según la Plataforma Ciudadana de Fosas, elaborada por Artículo 19, Data Cívica y la Ibero, Sonora fue el estado con más fosas reportadas en medios entre 2023 y 2024, con 174 hallazgos.
Desde la llegada a la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se impulsaron una serie de reformas para intentar contrarrestar la tragedia de las personas desaparecidas. En Sonora, antes de las elecciones presidenciales de 2024 y bajo la línea de atender el problema y generar herramientas de identificación, el gobernador Alfonso Durazo propuso la creación de un Centro Estatal de Identificación Genética y Panteón Forense, obra que hasta la fecha sigue sin ser funcional.
Esta plataforma y centro permitirían contar con datos genéticos para analizarlos y ayudar a los colectivos de búsqueda en la identificación de sus seres queridos. La realidad ha sido distinta. Aunque el gobierno estatal presume que la plataforma está concluida en su totalidad, el centro no opera. Incluso, colectivos han denunciado la inutilidad del supuesto Centro de Identificación Genética y Forense.
La inversión del proyecto fue de 61 millones 182 mil 735 pesos y los resultados no han sido reportados. Cecilia Flores declaró en una entrevista para Radio Fórmula Sonora, en enero de 2026, que el centro ni siquiera había comenzado a operar.
La fecha original de entrega se anunció para enero de 2024. Dos años después, los colectivos de personas buscadoras no han visto beneficios. Sonora sigue sumido en la crisis de desapariciones y la búsqueda no ha mejorado.
A pesar de las promesas que ilusionaron a los activistas y de los compromisos del gobierno estatal para ayudarles a encontrar a sus seres queridos, a casi un año de concluir el mandato de Alfonso Durazo no se les han ofrecido respuestas ni herramientas concretas para apoyarles en la ardua labor de cavar en las profundidades de nuestra tierra, arriesgar la vida en territorios calientes y trabajar sin remuneración, todo por el amor que una persona puede sentir por un hijo.
Porque no hay dolor más grande que perder a un hijo y no poder enterrarlo.
