El Congreso del Estado de Sonora dio un paso que ya está dando de qué hablar. En sesión del Pleno, diputadas y diputados aprobaron la minuta de reforma constitucional conocida como el ‘Plan B’, impulsado a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La propuesta va directo a un tema sensible: el dinero público. La reforma plantea reducir el número de regidurías en los ayuntamientos, ajustar las remuneraciones de autoridades electorales y establecer límites claros al presupuesto de los congresos estatales.
Desde la Mesa Directiva, la diputada Deni Gastélum Barreras defendió el acuerdo como una forma de poner orden en el gasto y evitar excesos que durante años han sido señalados por la ciudadanía.
A este enfoque se sumó la diputada Ernestina Castro Valenzuela, quien planteó reforzar la disciplina financiera para que los ahorros no sean temporales, sino una práctica permanente dentro de las instituciones.
Pero la sesión no se quedó solo en lo financiero.
En materia de seguridad, la legisladora Rebeca Irene Silva Gallardo presentó modificaciones para alinear la ley estatal con la federal en el combate a la extorsión, un delito que ha ido en aumento en distintas regiones del país. La intención es fortalecer la coordinación entre autoridades y mejorar la protección a las víctimas.
También se puso sobre la mesa la transparencia en los cambios de gobierno. El diputado Sebastián Orduño Fragoza impulsó la nueva Ley de Entrega-Recepción, que busca evitar irregularidades cuando una administración sale y otra entra, obligando a dejar cuentas claras y procesos ordenados.
En el ámbito municipal, se abordaron temas prácticos: desde cómo cubrir vacantes definitivas en ayuntamientos hasta propuestas para que regidores tengan responsabilidades territoriales específicas, lo que podría traducirse en una representación más cercana a la ciudadanía.
Además, se lanzó un exhorto a los 72 ayuntamientos del estado para garantizar la autonomía de sus Órganos de Control Interno, mientras que en Magdalena se aprobó una modificación para permitir la condonación de recargos a contribuyentes con adeudos.
La aprobación del ‘Plan B’ en Sonora abre un nuevo escenario político y administrativo que impactará directamente en cómo se organizan y gastan los recursos en los municipios. Ahora, la atención se centra en cómo se implementarán estos cambios y qué tanto se reflejarán en el día a día de la población.
