Guaymas y Puerto Libertad fueron presentados como grandes apuestas para convertir a Sonora en un polo energético internacional, pero ambos proyectos enfrentan cuestionamientos ambientales y procesos legales que mantienen en incertidumbre su futuro.
Sonora ha sido escenario de anuncios multimillonarios para convertir su litoral en un punto estratégico para el procesamiento y exportación de gas natural hacia los mercados internacionales. Sin embargo, detrás de las cifras de inversión y las promesas de empleos y desarrollo, dos de los proyectos más ambiciosos enfrentan un elemento en común: problemas legales y cuestionamientos por sus posibles impactos ambientales que ponen en duda cuándo, y bajo qué condiciones, podrían concretarse.
Se trata de la planta de gas natural licuado de Amigo LNG, en Guaymas, y del proyecto Saguaro Energy, impulsado por Mexico Pacific Limited (MPL) en Puerto Libertad. Aunque son iniciativas distintas y se encuentran en diferentes etapas, los documentos revisados muestran similitudes que llaman la atención: ambos pretenden aprovechar la ubicación estratégica de Sonora para exportar gas, requieren infraestructura de gran escala en tierra y mar y han enfrentado oposición de organizaciones que cuestionan sus autorizaciones, sus posibles efectos sobre los ecosistemas y los procedimientos utilizados para permitir su desarrollo.
Guaymas: 54 hectáreas, miles de millones de pesos y una suspensión judicial
En el caso de Guaymas, el gobierno de Sonora entregó en 2022 un terreno estatal de 54 hectáreas a Amigo LNG para desarrollar una planta de gas natural licuado. El proyecto contempla una inversión reportada de 6 mil 800 millones de pesos, aunque en junio de 2026 el gobernador Alfonso Durazo señaló que la inversión relacionada con la iniciativa podría alcanzar entre 35 mil y 40 mil millones de pesos en el puerto de Guaymas.
La infraestructura no se limitaría al terreno estatal. El proyecto contempla instalaciones en el Golfo de California y, de acuerdo con el documento, en 2025 la Secretaría de Marina otorgó a Amigo LNG el aprovechamiento de aproximadamente 36 hectáreas de superficie marítima en Bahía Catalina.
Pero precisamente su ubicación ha generado cuestionamientos. Organizaciones civiles han advertido sobre la cercanía del proyecto con el cinturón de islas del Golfo de California, una zona caracterizada por su biodiversidad y por el tránsito de ballenas, aves y otros mamíferos marinos.
Aunque la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) otorgó en abril de 2026 la autorización de impacto ambiental, organizaciones como Defensa Ambiental del Noroeste promovieron recursos legales para cuestionar el procedimiento y aspectos relacionados con la información y participación pública. El proyecto, de acuerdo con el documento, permanece sujeto a procesos judiciales y un juzgado federal concedió una suspensión definitiva relacionada con el procedimiento de autorización ambiental.
A ello se suma otro dato relevante: la infraestructura podría generar alrededor de 1.9 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, según los datos citados en el documento.
Puerto Libertad: un proyecto de 15 mil millones de dólares que acumula obstáculos
El caso de Saguaro Energy tiene una dimensión todavía mayor. Mexico Pacific Limited plantea una inversión estimada de 15 mil millones de dólares, una planta capaz de exportar hasta 15 millones de toneladas anuales de gas natural licuado y un gasoducto de aproximadamente 800 kilómetros desde Texas hasta Puerto Libertad.
El proyecto fue presentado como una de las mayores inversiones energéticas para Sonora, pero su trayectoria ha estado marcada por cambios de inversionistas, modificaciones en el diseño, problemas en la obtención de permisos, incremento de costos y retrasos. El documento señala que MPL ha registrado cinco cambios en el control corporativo en menos de cinco años y medio y seis directores ejecutivos en siete años.
A diferencia de un proyecto que simplemente enfrenta retrasos administrativos, Saguaro también enfrenta una disputa legal y ambiental de gran alcance.
El documento señala que existen cinco demandas en tribunales mexicanos relacionadas con los permisos del proyecto: cuatro promovidas por particulares que alegan afectaciones a derechos de propiedad y una presentada por organizaciones ambientalistas que cuestionan la modificación de una autorización de impacto ambiental emitida originalmente en 2006 para un proyecto de regasificación, pero que ahora se pretende utilizar para una planta de licuefacción. Además, se mantiene una medida cautelar contra la construcción.
Los problemas legales tampoco se limitan a la planta. También existen recursos relacionados con los gasoductos que la abastecerían, incluido el proyecto Sierra Madre, de aproximadamente 800 kilómetros.
El Golfo de California, el punto donde coinciden los dos proyectos
Más allá de sus diferencias, existe un elemento que une especialmente a Amigo LNG y Saguaro Energy: ambos dependen de infraestructura relacionada con el Golfo de California y enfrentan cuestionamientos por los posibles efectos de sus operaciones sobre un ecosistema considerado de enorme importancia ambiental y económica.
En Puerto Libertad, organizaciones ambientales, pescadores y representantes del sector turístico han advertido sobre el posible impacto del incremento en el tráfico de grandes embarcaciones sobre ballenas, tiburones ballena, delfines, lobos marinos, mantarrayas y otras especies. También se han señalado posibles afectaciones a actividades pesqueras y de ecoturismo.
En Guaymas, las preocupaciones ambientales también están relacionadas con la cercanía de la infraestructura con las islas y zonas de biodiversidad del Golfo de California, además de las emisiones que generaría la planta.
Así, aunque las características técnicas y dimensiones de cada proyecto son diferentes, los dos enfrentan la misma pregunta de fondo: si las inversiones anunciadas podrán superar los obstáculos legales, ambientales y regulatorios que actualmente condicionan su desarrollo.
Grandes inversiones, pero sin certeza de cuándo serán realidad
La comparación resulta especialmente relevante porque ambos proyectos fueron utilizados como parte de la estrategia para posicionar a Sonora como destino de grandes inversiones energéticas.
En septiembre de 2024, el gobierno estatal anunció inversiones por 22 mil millones de dólares y la generación de 30 mil empleos para plantas de gas natural en Puerto Libertad y Guaymas, de los cuales 15 mil millones de dólares correspondían a Saguaro Energy.
Sin embargo, los documentos muestran que anunciar una inversión y concretarla son dos asuntos diferentes.
Saguaro Energy arrastra obstáculos internos y externos que van desde cambios corporativos y problemas de permisos hasta costos crecientes, condiciones del mercado, seguridad, tensiones comerciales y oposición local.
Amigo LNG, por su parte, ya cuenta con una autorización ambiental emitida por ASEA, pero enfrenta recursos legales y una suspensión judicial relacionada con el procedimiento de autorización ambiental.
La incógnita: ¿megaproyectos estratégicos o inversiones que todavía están en veremos?
Los dos casos dejan una conclusión incómoda para la estrategia energética de Sonora.
Sobre el papel, las plantas representan inversiones multimillonarias, infraestructura, empleos y una oportunidad para colocar al estado dentro del mercado internacional del gas natural. Pero en la práctica, ninguno puede considerarse ajeno a los riesgos que podrían retrasar, modificar o incluso impedir su desarrollo en los términos originalmente planteados.
En Puerto Libertad, el proyecto continúa enfrentando litigios relacionados con permisos, impacto ambiental y el gasoducto que resulta indispensable para su operación. El propio documento señala que el proyecto seguía detenido por amparos de organizaciones civiles que cuestionan sus posibles impactos socioambientales y la ausencia de procesos de consulta.
En Guaymas, la situación es distinta pero comparte el mismo ingrediente de incertidumbre: la autorización ambiental no ha cerrado la disputa, pues los cuestionamientos de organizaciones civiles derivaron en procedimientos judiciales y en una suspensión definitiva relacionada con el proceso de autorización.
Por eso, más allá de las cifras millonarias anunciadas y de las expectativas oficiales, el futuro de ambos proyectos todavía depende de lo que ocurra en los tribunales, de la resolución de los cuestionamientos ambientales y de la capacidad de las empresas para superar los obstáculos técnicos, regulatorios y financieros.
