Durante los últimos días, hemos sido testigos de cómo a las deficiencias crónicas en el surtimiento de medicamentos e insumos hospitalarios se han sumado intensos movimientos del personal de salud. Médicos y enfermeros están resintiendo en carne propia el descontento de los derechohabientes, quienes exigen el abastecimiento inmediato de materiales básicos para su atención. Aunado a esto, persiste la falta de seguridad laboral para miles de empleados contratados de manera eventual desde la crisis del COVID-19, quienes recibieron promesas de basificación que siguen sin cumplirse.
Esta precariedad, sumada a la insatisfacción por los incrementos salariales ofrecidos, ha provocado que las bases exijan a sus dirigencias sindicales un compromiso real en la defensa de sus intereses. Nos encontramos ante la antesala de una “tormenta perfecta” con el potencial de desestabilizar al país. Por ello, al margen de posicionamientos personales o partidistas, resulta urgente aplicarse en la resolución de este conflicto antes de que escale hacia un caos social de dimensiones inmanejables.
Resolver un problema de corte político-estructural como las movilizaciones del sector salud exige abandonar la retórica de la confrontación y la negación sistémica. Una verdadera salida política no consiste en ceder ciegamente a presiones corporativas ni en asfixiar las finanzas públicas, sino en construir un Pacto Nacional por la Resiliencia del Sector Salud que involucre de forma coordinada a las tres fuerzas implicadas: el Estado, los trabajadores de la salud y la ciudadanía.
Para destrabar el conflicto actual y desactivar los riesgos en el corto, mediano y largo plazo, se propone una hoja de ruta estructurada en cuatro ejes estratégicos de negociación:
1. Despolitización de la logística e inyección eficiente de recursos
El desabasto de insumos no siempre obedece a la falta de presupuesto, sino a cuellos de botella en la distribución interna e intereses económicos cruzados. Para solucionarlo, se proponen dos medidas urgentes:
• Transparencia operativa mediante auditorías: Crear un Comité Tripartito de Fiscalización (integrado por personal médico, funcionarios de Hacienda y observadores ciudadanos) para vigilar que el presupuesto asignado se ejerza con total claridad, atacando de raíz los subejercicios presupuestales y las compras públicas opacas.
• Índice de Garantía Mínima Hospitalaria: Establecer por ley un “catálogo de insumos críticos de supervivencia hospitalaria” del cual ninguna clínica o quirófano pueda carecer. Para agilizar la operación, se deben descentralizar los tramos de compra menor, permitiendo que los directores de los hospitales resuelvan emergencias de desabasto local de forma inmediata. Esta estrategia —que demostró su efectividad en el pasado al priorizar el aprovisionamiento de claves y piezas críticas para farmacia, piso y quirófanos— no requiere mantener el 100% del catálogo cubierto para que el sistema funcione. Basta con notificar a las unidades con anticipación aquello que no se pudo surtir y transferir los recursos para su adquisición local.
2. Dignificación laboral y establecimiento de la carrera pública sanitaria
El Gobierno debe acelerar la agenda de regularización laboral para canalizar el descontento de las bases y evitar el rebase de las dirigencias institucionales a través de:
• Plan de basificación acelerado: Cumplir de manera prioritaria con el compromiso de otorgar plazas permanentes al personal que aún labora bajo esquemas temporales e inestables, priorizando a quienes sostuvieron el sistema durante los peores momentos de la pandemia.
• Estímulos por complejidad y geografía: Implementar una Carrera Pública Sanitaria Regional que, sin saturar el tabulador general, asigne bonos específicos, estímulos económicos y mejoras en vivienda o alimentación para el personal que acepte plazas en zonas rurales o comunidades con altos índices de marginación.
• Justicia para médicos residentes e internos: Reajustar de forma inmediata el esquema de becas y apoyos para médicos residentes y pasantes, reconociendo institucionalmente que sobre ellos recae la operación base del sistema hospitalario del país.
3. Institucionalización de una mesa de diálogo y continuidad operativa
Para avanzar hacia una paz laboral duradera, el Estado debe reconocer que los liderazgos sindicales tradicionales han perdido legitimidad frente a sus agremiados.
• Interlocución democrática: Es urgente convocar a mesas de concertación sectorial directa donde participen delegados elegidos de forma democrática y transparente por los propios trabajadores de los hospitales en conflicto.
• Acuerdo de continuidad operativa: A cambio de compromisos gubernamentales firmados, calendarizados y con suficiencia presupuestal, los movimientos del personal de salud deberán comprometerse a suspender los paros de labores y los bloqueos viales que afecten directamente a los pacientes, manteniendo activas únicamente las vías institucionales de negociación.
4. Vigilancia y contrapeso ciudadano
La sociedad civil debe convertirse en un actor activo dentro de la solución y la transparencia del sistema.
• Comités de Contraloría Social: Abrir espacios formales para que los comités de pacientes y usuarios participen directamente en la evaluación de la calidad de los servicios hospitalarios. Este mecanismo funciona como un contrapeso político bidireccional: por un lado, valida las quejas legítimas de los médicos ante las autoridades de Hacienda y Salud; por el otro, frena abusos gremiales o paros injustificados que vulneren el derecho constitucional a la salud.
En conclusión: La salida política no es puramente técnica ni meramente presupuestal; es un ejercicio de voluntad democrática. El Gobierno debe reconocer las deficiencias logísticas y laborales sin interpretarlas como un ataque a su proyecto de nación, mientras que el personal médico debe canalizar su legítimo descontento hacia acuerdos institucionales viables. Restaurar la confianza mutua es la única manera de evitar el colapso del sistema público de salud, bajo una estrategia donde la premisa fundamental sea ganar-ganar.
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