La entrega de terrenos públicos para el proyecto Amigo LNG volvió a colocar al Gobierno de Sonora bajo cuestionamientos, luego de que una investigación de N+ Focus documentara un contrato de comodato por 54 hectáreas en Guaymas, destinado al desarrollo de una planta de gas natural licuado.
El reportaje contrasta con las declaraciones del gobernador Alfonso Durazo, quien sostuvo que su administración no puso un terreno a disposición de la empresa. Sin embargo, de acuerdo con los documentos revisados por el medio, el Gobierno estatal celebró un acuerdo que permitió a Amigo LNG utilizar el predio para avanzar con su proyecto.
La diferencia entre ambas versiones abre una pregunta que el gobierno debe aclarar ante la ciudadanía: ¿qué alcance tuvo el contrato y bajo qué condiciones se autorizó el uso de terrenos que formaban parte del patrimonio público?
Un contrato de comodato bajo cuestionamiento
Según la investigación de N+ Focus, el acuerdo se formalizó el 30 de septiembre de 2022 a través de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones de Sonora. El contrato contemplaba el uso de una superficie de 54 hectáreas para desarrollar, construir y operar una planta de licuefacción y exportación de gas natural.
El reportaje señala que el documento establecía el otorgamiento gratuito del inmueble, aunque también incluía referencias a un uso oneroso, una diferencia que genera interrogantes sobre las condiciones del acuerdo.
La investigación también documentó que el contrato podía utilizarse para realizar trámites y gestionar permisos relacionados con el proyecto ante distintas autoridades.
El caso tomó relevancia después de que el gobernador afirmara que el terreno no había sido puesto a disposición de Amigo LNG. En sus declaraciones públicas, Durazo sostuvo que el predio fue donado a la Secretaría de Marina y que correspondería a esa dependencia determinar su destino.
Ambas cuestiones deben distinguirse: una cosa es la donación posterior de terrenos a la Marina y otra, el contrato de comodato que, según la investigación periodística, permitió a la empresa utilizar una superficie específica.
La secuencia de esos actos y sus efectos jurídicos requieren una explicación pública respaldada por los documentos correspondientes.
El futuro del Golfo de California, en el centro de la discusión
Más allá de la disputa sobre el terreno, el proyecto Amigo LNG ha generado preocupación por sus posibles efectos sobre el Golfo de California, una región de gran biodiversidad y de importancia para las comunidades que dependen de la pesca, el turismo y otras actividades vinculadas al mar.
Organizaciones ambientalistas han cuestionado distintos aspectos del desarrollo de la terminal y han recurrido a los tribunales para impugnar decisiones relacionadas con el proyecto.
Entre las preocupaciones planteadas están los posibles efectos sobre la vida marina, los ecosistemas costeros y las especies que habitan o transitan por esta zona.
La discusión no debe reducirse a la construcción de una planta industrial. También involucra la calidad de la información disponible para la ciudadanía, la evaluación de los riesgos ambientales y la manera en que las autoridades garantizan la participación pública en decisiones que pueden tener consecuencias a largo plazo.
¿Qué falta por aclarar?
La controversia deja varias preguntas pendientes para el Gobierno de Sonora: ¿cuál fue el fundamento legal para otorgar el comodato?, ¿por qué se establecieron esas condiciones para el uso del inmueble?, ¿qué autoridades conocieron y autorizaron el acuerdo?, ¿qué ocurrió con el contrato tras la donación de terrenos a la Secretaría de Marina?
También es necesario conocer qué medidas se adoptaron para garantizar la transparencia del procedimiento y cómo se atenderán las inquietudes ambientales y sociales relacionadas con el proyecto.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente informó en septiembre de 2026 que había emitido una autorización de impacto ambiental para el proyecto el 13 de abril de ese año. La dependencia precisó que la autorización fue incorporada posteriormente a un juicio de amparo y que su situación forma parte de asuntos sujetos a revisión judicial.
Por ello, el debate ambiental y jurídico no puede darse por cerrado únicamente con la existencia de una autorización administrativa.
Transparencia y responsabilidad pública
Los terrenos del Estado forman parte del patrimonio de la ciudadanía. Cuando su uso se vincula con un proyecto privado de gran escala, las condiciones del acuerdo, sus fundamentos legales y sus posibles consecuencias deben poder conocerse y examinarse públicamente.
El Gobierno de Sonora tiene la responsabilidad de explicar cómo se tomó la decisión, qué compromisos se establecieron y qué garantías existen para proteger tanto el interés público como el entorno natural.
En Guaymas, la discusión sobre Amigo LNG va más allá de un contrato. Se trata de conocer cómo se administran los bienes públicos y cómo se equilibran los proyectos de inversión con la protección de uno de los ecosistemas más importantes del país.
La ciudadanía merece respuestas documentadas, información accesible y claridad sobre las decisiones que pueden marcar el futuro del Golfo de California.
