Desde 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) investigaba a la iglesia de La Luz del Mundo, organización liderada por el criminal convicto Naasón Joaquín García, condenado en 2022 por un tribunal de California a 16 años y ocho meses por abuso sexual de menores. La organización fue acusada en México de conspiración con el crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.
La polémica se desata porque jerarcas de esta iglesia cuentan con una influencia importante en las élites económicas y políticas del país. Hace un siglo se fundó la organización en Jalisco; su expansión fue masiva entre los mexicanos. El abuelo de Naasón la fundó en tierras del Bajío con fundamentos cristianos. El poder de la familia aumentó a tal grado que distintos políticos y empresarios están fuertemente relacionados con ellos.
De hecho, personajes del partido en el poder, como el senador por Morena Emmanuel Reyes Carmona, el diputado federal Favio Castellanos Polanco y el exdiputado Hamlet García, son relacionados directamente con esa iglesia. Estos tres políticos crearon su propia organización, sumada a los fines de la Cuarta Transformación, llamada Agrupación Política Nacional y conocida como Humanismo Mexicano, institución que se considera el brazo político de La Luz del Mundo.
Los vínculos cercanos con las élites del partido gobernante se evidenciaron en 2019, cuando recibió un homenaje con motivo de su cumpleaños 50 en el Palacio de Bellas Artes, celebración que generó polémica por contravenir los principios del Estado laico, ya que en ese emblemático recinto nunca se había homenajeado a un líder religioso.
Al evento asistieron personajes como Martí Batres, Félix Salgado Macedonio, Julio Manuel Fócil, Sergio Mayer y Julio Menchaca, entre otros.
Con esos antecedentes, la Fiscalía General de la República anunció el cierre de investigaciones en contra de la organización y sus líderes religiosos. La FGR se decantó por el no ejercicio de la acción penal en contra de la iglesia, contrario a lo que se dictaminó en Estados Unidos.
La Fiscalía argumentó que pasaron siete años buscando víctimas de abusos sexuales y testigos de delitos financieros y no encontraron nada, mientras que en Estados Unidos sí localizaron evidencia suficiente para condenarlo.
Algunas víctimas de esta organización han alzado la voz y acusan de impunidad al gobierno mexicano por sus nexos con esa organización. El carpetazo se produjo con la nueva titular de la dependencia federal, Ernestina Godoy. Expertos afirman que el Estado mexicano puede estar cometiendo un error garrafal al no combatir los abusos sistemáticos de toda índole que se perpetraron en esa organización. Los más afectados serán las víctimas, que no pudieron ver que se hiciera justicia en el país.
