Ciudad de México.– La tensión diplomática entre México y Estados Unidos sumó un nuevo episodio luego de que el gobierno mexicano confirmara la recepción de solicitudes de detención provisional con fines de extradición, tras acusaciones surgidas en Nueva York contra funcionarios de Sinaloa.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los documentos fueron enviados por autoridades estadounidenses el pasado 28 de abril a las 18:00 horas. Sin embargo, tras una revisión jurídica, concluyó que el expediente no cuenta con elementos suficientes que permitan acreditar, por ahora, la responsabilidad de las personas señaladas.
Aunque la Cancillería no mencionó nombres, el contexto surge luego de que la Fiscalía de Nueva York acusara formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La dependencia federal detalló que, conforme al procedimiento legal vigente, el caso fue turnado a la Fiscalía General de la República, instancia que deberá determinar si existen elementos de prueba válidos bajo el sistema jurídico mexicano y si procede la detención provisional con fines de extradición.
El análisis se realiza en el marco del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, así como de la Ley de Extradición Internacional. De acuerdo con la SRE, estos instrumentos establecen criterios claros sobre la necesidad de pruebas para dar curso a solicitudes de esta naturaleza.
Además, la Cancillería adelantó que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que la información fue difundida públicamente, al considerar que este tipo de procesos deben manejarse bajo estrictas reglas de confidencialidad.
Mientras tanto, el tema llegó desde temprano a Palacio Nacional. El canciller Roberto Velasco sostuvo reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete de Seguridad para informar sobre el caso.
Hasta ahora, el gobierno mexicano mantiene una postura cautelosa: revisar la información, respetar el marco legal y evitar conclusiones anticipadas en un caso que ya genera repercusiones políticas y diplomáticas.
