El proceso relacionado con la solicitud de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por autoridades estadounidenses continúa activo y sigue siendo revisado por ambos gobiernos.
Así lo confirmó Roberto Lazzeri, recién ratificado como embajador de México en Estados Unidos, durante su primera atención a medios de comunicación tras rendir protesta ante el Senado de la República.
Cuestionado sobre las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, el diplomático explicó que las gestiones entre ambos países continúan en marcha y que México ya solicitó información adicional a las autoridades estadounidenses.
“Es un proceso que está corriendo. Al final las extradiciones son un tema bilateral de todos los días. Ellos en varias ocasiones han pedido información adicional, estamos en ese proceso y habrá que esperar qué respuesta da el Departamento de Estado a nuestra solicitud”, declaró.
Al ser interrogado sobre si el Gobierno de México había solicitado pruebas concretas de las acusaciones, Lazzeri respondió que dicha petición ya fue realizada formalmente.
El caso cobró relevancia nacional luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores informara el pasado 29 de abril que recibió una solicitud de detención con fines de extradición relacionada con una acusación presentada ante una corte estadounidense.
Entre los señalados aparecen el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; Juan de Dios Gámez, alcalde con licencia de Culiacán; así como otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los involucrados habrían mantenido presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos.
Sin embargo, la Cancillería mexicana sostuvo que la solicitud recibida no incluía los elementos probatorios necesarios para sustentar las acusaciones, por lo que el expediente fue remitido a la Fiscalía General de la República para determinar si existen fundamentos jurídicos suficientes para proceder.
La dependencia federal también anunció que enviaría una nota diplomática al gobierno estadounidense para expresar su inconformidad por la manera en que la acusación fue difundida públicamente antes de que concluyeran los procedimientos correspondientes.
Las declaraciones de Lazzeri representan la primera confirmación oficial desde la embajada mexicana en Washington de que el intercambio de información entre ambos países continúa abierto y que el caso aún se encuentra bajo análisis.
Mientras tanto, el expediente sigue generando atención tanto en México como en Estados Unidos debido a las implicaciones políticas, diplomáticas y judiciales que podría tener para ambas naciones.
