CIUDAD DE MÉXICO.- La propuesta de lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias, presentada por el Gobierno de México, abrió un nuevo debate sobre los límites entre la regulación de los medios de comunicación y la protección de la libertad de expresión.
En entrevista con el diario Reforma, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 y designado el pasado 8 de julio como Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, expresó preocupación por el alcance de la iniciativa y advirtió que mecanismos similares han sido utilizados en otros países para restringir el ejercicio periodístico.
Según Maldonado, aunque la propuesta plantea objetivos como combatir la desinformación y proteger los derechos de las audiencias, existen riesgos de que dichas disposiciones puedan utilizarse para limitar la circulación de información.
El especialista sostuvo que experiencias similares han sido observadas en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Sudán, Malasia y Tailandia, donde regulaciones con objetivos considerados legítimos terminaron siendo utilizadas para restringir la libertad de expresión.
Debate sobre quién determina la veracidad
Uno de los puntos que más preocupación genera, explicó Maldonado, es el contenido del artículo 12 del anteproyecto, donde se plantea que concesionarios de radio y televisión eviten difundir información falsa, descontextualizada o presentar hechos pasados como actuales.
Para el representante de Artículo 19, el debate se centra en quién tendría la facultad de determinar cuándo una información es falsa o insuficientemente verificada.
En la entrevista señaló que esa responsabilidad podría recaer en el propio Gobierno federal, situación que, desde su perspectiva, representaría un riesgo para la pluralidad informativa.
Un debate que continúa
Maldonado también relacionó esta propuesta con otras acciones impulsadas durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, como las secciones “Quién es quién en las mentiras”, “Infodemia” y “Derecho de Réplica”, al considerar que forman parte de una estrategia de verificación de información desde el ámbito gubernamental.
A su juicio, los gobiernos no deben convertirse en árbitros sobre qué contenidos pueden considerarse verdaderos o falsos, ya que ello podría afectar el derecho de las audiencias a recibir información diversa.
Hasta el momento, la propuesta continúa generando opiniones encontradas entre especialistas, organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y representantes del sector de medios de comunicación.
