Más allá de los nombres, los montos, los operadores o los medios que aparecen en la lista filtrada de contratos de comunicación oficial del Gobierno de Sonora, hay un detalle que debería preocupar más a los comunicadores de Sonora.
Las etiquetas.
De acuerdo con el documento publicado por la periodista Dolia Estévez en el medio Eje Central bajo el nombre “Chayotes Sonorenses” y replicado en su cuenta de X, el Gobierno del Estado habría destinado alrededor de 270 millones de pesos a comunicación social durante 2025. Es una cantidad importante de recursos públicos que, por tratarse del dinero de los sonorenses, merece el más alto nivel de transparencia, profesionalismo y rendición de cuentas.
Pero el problema no está únicamente en cuánto se gasta.
Está en cómo se entiende la relación entre el poder y la prensa.
Si el documento es auténtico, –no nos consta– no estamos frente a un simple listado administrativo de contratos publicitarios. Estamos frente a una radiografía de una política de comunicación que parece clasificar a periodistas y medios bajo criterios políticos.
“Colaborativo”, “afín”, “sí jala”, “golpea”, “quiere aumento”, “analizar sacarlo”, “utilizarlo más”, “no ayuda mucho”…
Es difícil imaginar que esas expresiones formen parte de una evaluación profesional de campañas institucionales. No hablan de audiencias, impacto, cobertura o eficiencia. Hablan de lealtades, conveniencias y utilidad política.
Y eso debería encender todas las alertas.
No se trata de señalar a periodistas ni a medios de comunicación. La contratación de publicidad oficial es una práctica legal y necesaria cuando responde a criterios objetivos, transparentes y medibles. El problema comienza cuando desde una oficina pública se etiqueta a quienes considera aliados, incómodos o prescindibles.
Porque nadie debería ejercer el periodismo pensando en cómo aparece calificado en un archivo interno del gobierno.
Hoy alguien puede ser considerado “colaborativo”. Mañana, por publicar una investigación incómoda o simplemente por cambiar las circunstancias políticas, puede convertirse en “no ayuda”, “golpea” o “analizar sacarlo”. Esa lógica no fortalece la libertad de expresión; la debilita.
La reflexión adquiere todavía mayor relevancia justo cuando el Congreso analiza una nueva legislación para fortalecer los derechos de las audiencias. ¿Con qué autoridad moral puede impulsarse una reforma que busca garantizar una información más libre y plural, si desde el propio gobierno parecen elaborarse listas donde el criterio principal no es la calidad periodística, sino la utilidad política de cada medio o periodista?
Hay otro aspecto que tampoco puede pasar inadvertido.
Entre los contratos difundidos destaca el otorgado al exvicepresidente español Pablo Iglesias y a su proyecto Canal Red. Más allá de simpatías o diferencias ideológicas, cuesta entender la lógica de destinar millones de pesos de los sonorenses a un actor político extranjero.
Y la decisión resulta todavía más cuestionable por el momento que vive Sonora.
El gobernador Alfonso Durazo enfrenta una compleja y comentada relación política con Estados Unidos tras las publicaciones de medios estadounidenses que lo han colocado bajo el escrutinio de ese país. En ese contexto, financiar con recursos públicos desde Sonora a un operador político español especialista en polarización de masas con amplia participación en el status del régimen de España y que mantiene una abierta confrontación con el gobierno estadounidense y que ha sido mencionado en informes y bajo el escrutinio de autoridades de Washington, lejos de ayudar a mejorar ese escenario, alimenta una narrativa que difícilmente beneficia al estado y su Ejecutivo.
Pero quizá el dato más revelador de toda esta historia no está ni en los contratos ni en las anotaciones.
Está en la filtración.
Ese documento no apareció por generación espontánea. Todo apunta a que fue alguien desde el interior del propio gobierno quien decidió exhibirlo.
Y eso obliga a formular una pregunta incómoda.
¿Estamos frente a una lucha de poder dentro del área de Comunicación Social? ¿Existen diferencias irreconciliables entre quienes hoy controlan la estrategia de comunicación? Porque, al final, el mayor perjudicado por esa filtración no fue ningún periodista ni ningún medio.
El golpe político terminó recibiéndolo el propio gobernador Alfonso Durazo.
Y hay una última reflexión que vale la pena hacer.
Si realmente se destinaron 270 millones de pesos a comunicación social, resulta inevitable preguntarse cuántas obras, proyectos o acciones en beneficio de los sonorenses pudieron realizarse con una parte de esos recursos.
Referencias: https://www.ejecentral.com.mx/opinion/chayotes-sonorenses-cuarto-poder, Dolia Estévez (@DoliaEstevez) / X