Hermosillo, Sonora | 12 de noviembre de 2026
El congelamiento de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que involucra a Guadalupe Taddei, integrantes de su familia y ocho exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), abrió una nueva etapa en la investigación sobre presuntas irregularidades en contratos electorales.
Pero detrás de los nombres señalados existe una historia que va más allá de las operaciones bancarias.
Exdirectivos encargados de administrar recursos públicos, funcionarios que también tuvieron poderes legales en empresas proveedoras y personas cercanas a la familia Taddei forman parte de las conexiones que ahora deberán esclarecer las autoridades.
La investigación alcanza a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, empresarios que durante años obtuvieron contratos para suministrar materiales electorales al INE y a organismos públicos locales.
Entre las compañías vinculadas con los empresarios aparecen Cajas Graf, Corporativo Zeg y Formas Finas y Materiales, firmas señaladas en investigaciones sobre posibles irregularidades en procesos de contratación.
Sin embargo, hay un elemento adicional: los antecedentes de algunos de estos proveedores se remontan a la presidencia de Lorenzo Córdova, mientras que uno de los exfuncionarios incluidos en el bloqueo financiero ocupó un cargo directivo durante aquella administración.
FUNCIONARIOS DEL INE CON VÍNCULOS EN EMPRESAS PROVEEDORAS
Uno de los casos que más llama la atención es el de Jesús Octavio García González, quien se desempeñó como director ejecutivo de Administración del INE.
De acuerdo con investigaciones periodísticas difundidas por diversos medios de comunicación, el exfuncionario también figuró como apoderado legal de Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.
La Dirección Ejecutiva de Administración tiene entre sus responsabilidades la gestión de recursos humanos, materiales y financieros del organismo electoral.
Por ello, sus antecedentes de representación empresarial plantean interrogantes sobre la existencia de posibles conflictos de interés y sobre los mecanismos que utilizó el INE para supervisar las relaciones entre funcionarios y proveedores.
Otro nombre es el de Jonathan Navarrete Torres, quien trabajó como chofer y asesor en la oficina de Guadalupe Taddei.
Según información documentada en diversas investigaciones periodísticas, Navarrete también fue apoderado de Corporativo Zeg y contó con facultades para operar cuentas bancarias de esa compañía.
La coincidencia de funciones públicas y facultades de representación en empresas contratistas es uno de los aspectos que requiere una explicación documental.
Para determinar si existieron irregularidades será necesario establecer las fechas en que se otorgaron los poderes legales, su vigencia y si coincidieron con el ejercicio de funciones públicas.
LOS EXDIRECTIVOS QUE AHORA APARECEN EN LA LISTA DE LA UIF
La información difundida sobre el acuerdo de bloqueo financiero también identifica a otros exfuncionarios que ocuparon posiciones dentro del INE.
Entre ellos aparecen Enma Patricia García Rodríguez, exdirectora de Recursos Financieros, y Mario Alfonso Burciaga Esparza, exdirector de Recursos Materiales y Servicios.
Ambas áreas resultan relevantes para revisar cómo se administraban los recursos públicos y cómo se realizaban las contrataciones de bienes y servicios electorales.
También fueron incluidos Luis Alberto Bustamante Canizales, quien ocupó un puesto de líder de Proyecto y era colaborador de Taddei desde su etapa en el Instituto Estatal Electoral de Sonora; Iliana Araceli Hernández Gómez, exdirectora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; y José Alberto Pérez de Acha, excoordinador de la Unidad de Servicios de Informática.
Diversas investigaciones periodísticas han documentado además la presencia de algunos de estos exfuncionarios en reuniones sociales organizadas por empresarios proveedores del organismo.
No obstante, la asistencia a eventos sociales no constituye por sí misma evidencia de una conducta ilegal. Las autoridades deberán establecer si existieron beneficios económicos, decisiones indebidas o relaciones que comprometieran el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.
LOS ANTECEDENTES DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LORENZO CÓRDOVA
Aunque los señalamientos recientes se concentran en la administración de Guadalupe Taddei, las contrataciones con empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas tienen antecedentes durante la gestión de Lorenzo Córdova, quien presidió el INE entre 2014 y 2023.
El Órgano Interno de Control del instituto señaló ante legisladores que, durante 2015 y 2016, el INE contrató a Seriplast, empresa que, según la información presentada por la Contraloría, compartía representantes legales o accionistas con Cajas Graf y Corporativo Zeg.
También existen antecedentes de contrataciones con Cajas Graf durante aquel periodo.
De acuerdo con información presentada el 5 de noviembre por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, entre 2015 y 2023 23 organismos públicos locales electorales otorgaron contratos por aproximadamente 2 mil 94 millones de pesos a empresas relacionadas con los Hernández Casillas.
Durante 2024 y 2025, ya bajo la presidencia de Guadalupe Taddei, empresas del mismo grupo recibieron contratos por otros 646.3 millones de pesos de 15 organismos electorales estatales.
Estas cifras corresponden a contrataciones de organismos locales y no deben confundirse con contratos adjudicados directamente por el INE.
Pero hay un vínculo más concreto dentro de la investigación actual.
Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, quien se desempeñó como director de Coordinación y Análisis del INE durante la administración de Lorenzo Córdova, también aparece entre las personas señaladas en los reportes sobre el bloqueo de cuentas de la UIF.
Según investigaciones difundidas por diversos medios, Cuervo Escalona tuvo poderes legales en empresas de los hermanos Hernández Casillas y existen señalamientos sobre presuntas transferencias financieras provenientes de compañías proveedoras.
El origen, las fechas, el concepto y la legalidad de esas posibles operaciones deberán ser determinados por las autoridades.
Por su parte, Lorenzo Córdova ha rechazado que se le atribuyan responsabilidades por las irregularidades señaladas. El exconsejero presidente sostiene que su administración fue auditada y ha manifestado su disposición a que se revisen nuevamente las contrataciones realizadas durante su gestión.
Hasta ahora, los antecedentes documentados no acreditan una participación personal de Córdova en operaciones financieras ilícitas.
EL CASO TAMBIÉN ALCANZA A LA FAMILIA TADDEI EN SONORA
La investigación financiera no se limita a quienes trabajaron directamente en el organismo electoral.
De acuerdo con investigaciones periodísticas difundidas por diversos medios, entre las personas señaladas en el acuerdo de bloqueo UIF/110/G/4141/2026 aparecen Guadalupe Taddei Zavala, su hermano Humberto Taddei Zavala y su hijo Luis Rogelio Piñeda Taddei.
Este último se desempeñaba como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, cargo al que llegó en agosto de 2025 después de haber ocupado responsabilidades en la Consejería Jurídica del Gobierno estatal.
El miércoles 11 de noviembre, Luis Rogelio Piñeda Taddei presentó su renuncia, salida que fue confirmada por la vocería del Gobierno de Sonora.
La decisión ocurrió después de que trascendiera su inclusión en la lista de personas con cuentas bloqueadas, aunque hasta ahora no se ha establecido oficialmente que la renuncia fuera consecuencia directa de la investigación financiera.
La aparición de integrantes de la familia Taddei en el expediente amplía el interés del caso en Sonora, donde Guadalupe Taddei presidió anteriormente el Instituto Estatal Electoral.
Sin embargo, la relación familiar o el desempeño de un cargo público no son suficientes para acreditar participación en operaciones irregulares.
¿QUÉ ESTÁ INVESTIGANDO LA UIF?
El 4 de noviembre, la Secretaría de Hacienda informó que la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales.
La dependencia explicó que sus análisis identificaron operaciones financieras con elementos de riesgo que ameritan una revisión de las autoridades competentes.
Además, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen los hechos y se determinen las posibles responsabilidades.
La UIF no difundió públicamente los nombres de todas las personas y empresas involucradas. Las identidades han sido conocidas a través de investigaciones periodísticas que reportan haber tenido acceso al acuerdo correspondiente.
El bloqueo de cuentas es una medida administrativa preventiva y no representa una declaración de culpabilidad.Las personas afectadas tienen derecho a defenderse conforme a los procedimientos establecidos en la legislación mexicana.
LAS PREGUNTAS QUE QUEDAN SIN RESPUESTA
La investigación deberá ir más allá de determinar quiénes tienen sus cuentas bancarias congeladas.
Es necesario aclarar qué funcionarios participaron en las decisiones de contratación, quiénes supervisaron los procedimientos y qué relaciones mantenían con los representantes de las empresas proveedoras.
También deberá establecerse si existieron conflictos de interés, si los procedimientos de adjudicación respetaron la ley y si las operaciones financieras detectadas corresponden a actividades legítimas o a posibles conductas ilícitas.
Otra pregunta importante es por qué empresas relacionadas con los mismos empresarios continuaron obteniendo contratos electorales a lo largo de distintas administraciones, sin que hasta ahora se hayan esclarecido todas las acusaciones sobre presuntas irregularidades.
El caso Taddei ya no se limita a la presidenta del INE o al congelamiento de cuentas atribuido a integrantes de su familia. La investigación alcanza a una serie de relaciones entre servidores públicos y proveedores electorales que se extendieron durante varios años.
Ahora corresponde a las autoridades determinar si esas relaciones se mantuvieron dentro de la legalidad o si existió un esquema de beneficios indebidos.
Porque el fondo de esta investigación no es solamente quién recibió contratos millonarios, sino quiénes tomaban las decisiones, quiénes debían vigilarlas y qué ocurrió con los recursos públicos destinados a organizar las elecciones en México.
