El gobierno de Donald Trump anunció un cambio que podría transformar por completo el proceso migratorio para miles de personas que viven legalmente en Estados Unidos y buscan obtener la residencia permanente.
La medida, dada a conocer por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), establece que los extranjeros con visas temporales deberán abandonar territorio estadounidense y realizar desde sus países de origen el trámite para obtener la llamada green card.
El anuncio generó preocupación e incertidumbre entre abogados migratorios, organizaciones civiles y comunidades de migrantes, ya que durante décadas las personas con estancia legal en Estados Unidos podían iniciar y concluir el proceso de residencia permanente sin salir del país.
De acuerdo con el nuevo criterio, estudiantes, trabajadores, turistas y otros extranjeros con visas temporales tendrán que acudir al proceso consular en sus países para solicitar la residencia, salvo en “circunstancias extraordinarias” que hasta ahora no han sido definidas con claridad.
El USCIS argumentó que el sistema migratorio fue diseñado para que los no inmigrantes abandonen Estados Unidos al concluir su periodo autorizado y que la estancia temporal “no debe funcionar como el primer paso” hacia la residencia permanente.
Sin embargo, la propia agencia dejó abierta la posibilidad de excepciones para quienes representen un “beneficio económico” o un “interés nacional”, aunque sin detallar qué casos podrían entrar en esas categorías.
Especialistas consideran que el impacto podría alcanzar a cientos de miles de personas, incluyendo extranjeros casados con ciudadanos estadounidenses, trabajadores patrocinados por empresas, solicitantes de asilo y personas beneficiadas con programas humanitarios.
La incertidumbre también aumentó tras la filtración de un memorando interno dirigido a funcionarios migratorios, donde se mencionan criterios discrecionales para evaluar cada solicitud, lo que podría provocar interpretaciones distintas según cada caso.
Otro de los puntos que mantiene preocupación es que todavía no existe claridad sobre cuándo entrará en vigor la medida, si afectará trámites ya iniciados o cuánto tiempo deberán permanecer fuera de Estados Unidos los solicitantes mientras esperan respuesta.
Críticos de la medida sostienen que representa un endurecimiento adicional de la política migratoria impulsada por Trump y advierten que podría afectar tanto a migrantes como a empresas estadounidenses que dependen de trabajadores extranjeros.
Mientras tanto, el USCIS defendió el cambio al señalar que busca recuperar la “intención original” de la ley migratoria y cerrar lo que calificó como un vacío administrativo utilizado durante años.
